Luego de que Ciper revelara una serie de conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y un grupo de jueces, además de ministros de la Suprema y la Corte de Apelaciones, el tribunal supremo nacional convocó a un pleno para revisar esta situación.
Tras la reunión, la Corte Suprema emitió un comunicado donde se hace cargo de la petición de una serie de magistrados respecto a una posible modificación en el proceso de nombramiento de jueces.
En la instancia, el vocero de la Corte Suprema, Jorge Sáez, fue el encargado de entregar la declaración en nombre del Poder Judicial. En primer lugar, el magistrado realizó un repaso por el actual proceso de nombramiento de jueces y ministros de las cortes, resaltando que en dicho procedimiento participan los tres poderes del Estado.
Pese a ello, desde la Suprema, señalaron que “esta Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura”.
En este sentido, resaltaron que estas intenciones las manifestaron “al informar el Proyecto de Ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema, en los procesos constituyentes recientes, particularmente, en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial, conforme a los acuerdos adoptados en diferentes jornadas de trabajo”.
Poder Judicial y los procesos de nombramientos
Por otro lado, Sáez comentó que “consientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros”.
Siguiendo esta línea, el magistrado aseguró que “entre los cuales se han afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las participantes y, en especial, la celebración de audiencias públicas, para escucharlos en igualdad de condiciones”.
Además, señaló que el “Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas” y “continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente, con el objetivo de preservar su independencia y correcta administración de justicia”.
