Al momento de llegar al Centro de Justicia para la formalización de Sergio Muñoz, ex director de la PDI, su abogado Juan Carlos Manríquez declaró que su cliente está “completamente arrepentido” de haber filtrado información secreta al abogado Luis Hermosilla.
Además, Manríquez dijo que Muñoz no recibió pagos por la información que otorgó. Algo que ratificó en entrevista con radio ADN:
“Él actuó no respondiendo a ningún encargo, ni a un compromiso, ni a un pago, ni a una prebenda ni a un acuerdo ilegal, lo hizo de mutuo propio”, expresó.
El abogado además dijo que “él reconoció todos y cada uno de los contactos sin escamotear ni escabullir ninguno, ratificando aquellos que señala la prensa. Nosotros hemos sido indagados más bien por un número cercano a 10. Lo que ocurre es que se ha señalado un número bastante abultado, que decía algo como 510, pero no es efectivo que sean de interés criminalístico, se trata de simples repercusiones de llamados que entran y salen, algunos que se reciben otros que no, simples emoticones, cuestiones sin mayor contenido. De tal manera que hay que reducirlo a aquellos que le generaron interés a la fiscalía que son los que se trataron ayer”.
“Cuando (Muñoz) renuncia pone adelante la PDI, renuncia a su carrera pudiendo no haberlo hecho porque, el señor Presiente de la República y nadie le pidió la renuncia. Pone en esa misma situación y explica que él hizo esto y reconoce que fue indebido e impropio y pensando en no dañar más la situación de la Policía de Investigaciones”, comentó.
“Él reconoce que se equivocó rotundamente, que no lo volvería a hacer jamás, que eso constituye una conducta impropia e indebida y así lo asume”, concluyó.
Con respecto a la relación de Hermosilla con Muñoz, el abogado dijo: “Tenían una relación de mutuo respeto, incluso una relación profesional”.
Recordemos que Muñoz está siendo formalizado por filtrar información secreta en al menos 12 causas al abogado Luis Hermosilla, infringiendo el artículo 31 de la Ley 19.913 y también el artículo 246 del Código Penal. Ambos delitos sancionan a los funcionarios públicos cuando entregan información secreta.
