Este jueves, el presidente Gabriel Boric promulgó Ley de Seguridad Privada luego de 14 años de tramitación.
“Cuando logramos colaborar y trabajar transversalmente las cosas salen mejor. Aquí estamos representantes del Ejecutivo, del Parlamento, la Fiscalía, las policías, el mundo público y el mundo privado, pero también todo el espectro de la política en Chile”, agregó.
Destacando la presencia de parlamentarios del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio, Renovación Nacional, Demócratas y Amarillos; Boric envió un mensaje.
“Creo que eso habla muy bien de cuando se trabaja en conjunto. Espero que este espíritu sea también contagioso hacia otras áreas, pero en seguridad, sin lugar a dudas, que es el tema prioritario de la ciudadanía”, dijo.
El mandatario aseveró que “este es un problema de Estado (…) acá no importa si eres de derecha, de izquierda, de centro, si eres público o privado; la delincuencia nos afecta a todos”.
¿En qué consiste la nueva ley de seguridad privada?
Esta nueva normativa “promoverá el rol coadyuvante y complementario de la seguridad privada en relación con la seguridad pública, estableciendo obligaciones específicas para los sujetos y empresas reguladas”.
Además, “actualizará los criterios y el procedimiento para designar entidades obligadas a tener medidas de seguridad”. Además, “modernizará los procesos de certificación de guardias y vigilantes privados, ya que la otorgará la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de una plataforma informática administrada por la cartera”.
La normativa tiene una serie de exigencias para los guardias. Por ejemplo, los jefes de seguridad deberán acreditar que cuentan con un diplomado de seguridad privada igual o superior a 400 horas académicas, impartido por un establecimiento de estudios superiores o un organismo técnico de capacitación.
Con todo, la nueva norma establece una agravante penal para quienes ataquen a los guardias privados.
Actualmente si un sujeto agrede a un guardia y este termina con lesiones leves, la posible pena máxima es de 540 días. Sin embargo, con la nueva norma esta pena se elevaría a 3 años.
En caso de lesiones de carácter grave, la actual legislación fija como sanción una pena de 3 años. Con la nueva ley, esta pena subiría a 5 años.
De acuerdo a cifras de gobierno, la industria de los guardias privados mueve alrededor de US$2 mil millones de dólares al año. En la actualidad hay 264 mil personas que trabajan de guardia. Es decir, por cada carabinero hay cuatro guardias privados.
