Esta semana se destapó que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, habría permitido a reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) realizar videollamadas desde el penal. Así lo hizo saber un reportaje de Meganoticias.
Además, en el trabajo periodístico se evidenció la preocupación de Gendarmería por este hecho, acusando que esto “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”. En este sentido, desde la institución policial señalaron que es “particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración”.
Frente a esta situación, desde Gendarmería levantaron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago advirtiendo esta situación. Finalmente, el tribunal de alzada acogió la solicitud y decretó una orden de no innovar, revocando lo permitido por Urrutia. De igual forma, la Corte dio un plazo de dos días para que se entregue un informe sobre esta situación.
Sin embargo, esta no es la primera vez que este magistrado se ve involucrado en una polémica, sobre todo por su activo rol en las redes sociales, donde suele dar su opinión sobre la contingencia. Su último repost es una imagen que dice: “Quien controla los medios de comunicación, controla las mentes”.
— Daniel Urrutia Laubreaux (@urrutilaubreaux) February 16, 2024
Urrutia y sus polémicas
Sus comentarios en redes sociales han generado una serie de roces al interior del Poder Judicial. En septiembre del año pasado, tras expresar su posición ante la opción de aprobar la nueva constitución de la Convención Constitucional, la Corte de Apelaciones abrió un sumario en su contra.
Además, el tribunal de alzada también intervino en una resolución del juez, luego de que revocara la prisión preventiva de 13 detenidos involucrados en la “primera línea” del estallido social, decretando arresto domiciliario. Tras esto, la Corte de Apelaciones decidió reponer la primera medida cautelar.
En este sentido, Urrutia ha tenido una serie de comentarios en contra de Carabineros. Por ejemplo, el 6 de febrero de 2021, en su Twitter respondió a la ex asesora presidencial, Lucía Dammert, y escribió: “Debemos disolver Carabineros y reemplazarla por una policía democrática, no militarizada, comunitaria, profesional y promotora y defensora de DDHH”.
Absolutamente de acuerdo Lucia, gracias por tu opinión certera y clara. Debemos disolver Carabineros y reemplazarla por una policía democrática, no militarizada, comunitaria, profesional y promotora y defensora de DDHH
— Daniel Urrutia Laubreaux (@urrutilaubreaux) February 6, 2021
Todo esto, llevó a que Urrutia no asistiera a la audiencia de preparación del juicio oral en contra del ex sargento de Carabineros Sebastián Zamora, acusado de un intento de homicidio luego de que un joven cayera desde el puente Pio Nono. ¿La razón? la defensa del ex uniformado presentó un recurso en su contra, acusándolo de no tener “imparcialidad necesaria para resolver las diversas cuestiones”.
Tras esto, el magistrado decidió no asistir a dicha audiencia, dando lugar a que un colega liderada la preparación del juicio oral. Luego de la acción de Urrutia, la defensa de Zamora retiró la acción judicial.
La molestia en el Gobierno
Esta situación ha generado una serie de críticas contra Urrutia por parte del Gobierno y la oposición. Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve señaló que “este es un hecho grave, por supuesto estamos en contra, y el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza”.
“Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado, crimen organizado que comete el delito de secuestro, crimen organizado que comete delito de homicidio, crimen organizado que comete delito de trata de persona, es que sus líderes, los líderes que están detenidos tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización”, apuntó.
De igual forma, Monsalve declaró que “nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado y que son por lo tanto malas señales, y esperamos que esto vuelva a ocurrir y no haya autorizaciones de esta naturaleza a líderes de organizaciones criminales”.
Así también criticó el diputado RN, Mauro González, quien dijo: “Es sumamente grave que en un contexto de crisis de seguridad, donde hemos estado discutiendo restringir todo tipo de conectividad para los reos, tengamos jueces en el país que vayan justamente en la línea contraria y autoricen a presos de alta peligrosidad a hacer videollamadas desde la cárcel. Estas decisiones ponen en peligro a toda la ciudadanía. Es realmente lamentable. No sé en qué mundo viven porque es una señal totalmente errada por parte de una persona encargada de impartir justicia”.