Pensiones de gracia: Tohá dice que “hay antecedentes graves” y atribuye responsabilidad al Congreso
En este sentido, Tohá afirmó que el Gobierno presentará un proyecto para reformar esta normativa y que “ya concluimos con las pensiones del estallido y ahora vamos a revisar todas las demás”.
Durante esta jornada se confirmó la decisión del Presidente Gabriel Boric de revocar 27 pensiones de gracia a personas que habían obtenido este beneficio por ser supuestas víctimas de abusos del Estado durante el estallido social.
Respecto a esto, se refirió la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Claramente, el proceso de pensiones de gracia en Chile no tenía una regulación adecuada. No solo respecto a estas pensiones, sino que de todas las pensiones de gracia“, dijo en TVN.
Además, detalló que “en Chile hay 18 mil pensiones de gracia y se han otorgado todo este tiempo sin consideración a los antecedentes penales. Ahora, tener antecedentes penales no te excluye per se a tener un beneficio de este tipo.
Por otro lado, la ministra aseguró que si una persona fue condenada por un delito y ya cumplió su condena, aún tiene el derecho de recibir una pensión de gracia si es que agentes del Estado le generaron una discapacidad o efectos permanentes en su salud. “El hecho que tenga un antecedente penal no justifica que se pasen a llevar sus derechos“, apuntó Tohá.
Sin embargo, acotó, en los casos en que la afectación provocada por funcionarios del Estado no sea permanente o grave y la persona tiene antecedentes penales, el Gobierno puede negarle este beneficio.
Responsabilidades del Congreso
Respecto a cómo se concretaron las entregas de estos beneficios, la ministra Tohá recordó el origen de estas pensiones de gracia, afirmando que fue con un “procedimiento mal resuelto, con un Parlamento que no logró un buen acuerdo por este tema”.
“El primer año después del estallido, el Parlamento acordó un mecanismo de pensiones de gracia que no se ocupó, no se entregó ninguna pensión de gracia. Al año siguiente, cuando se volvió a discutir esto, ya los ánimos estaban caldeados porque por un año entero no se había compensado a nadie y no se logró un acuerdo en el Parlamento respecto a cómo hacerlo. Entonces se aprobaron dos normas para hacerlo, dos distintas, una más del oficialismo y una más de la oposición”, apuntó.
Además, aseguró que durante el gobierno anterior, “tenía dos normas distintas, una decía una cosa y una decía otra ¿Qué haces tú con eso? Tuvo que encontrar una combinación. Ese es el oficio que reglamenta cómo se van a entregar y nuestro Gobierno siguió aplicando el mismo reglamento con todas las falencias de este acuerdo inicial y con una ley que no consideraba los antecedentes penales“.
En este sentido, Tohá afirmó que el Gobierno presentará un proyecto para reformar esta normativa y que “ya concluimos con las pensiones del estallido y ahora vamos a revisar todas las demás”.
27 pensiones revocadas
La secretaria de Estado también aseguro que las 27 personas a las que el Presidente decidió quitarse la pensión de gracia podrían acudir a los tribunales a pedir una indemnización, pero que el Gobierno no le entregará este beneficio.
Entrando en detalles, Tohá afirmó que dentro de los antecedentes de las personas a las que se les revocó su pensión de gracia “hay distintos tipos de delitos. Hay personas que han participado en robos, en robos con intimidación, personas que tienen antecedentes de tráfico de drogas, personas que han participado en abusos sexuales de menores, personas que han participado en homicidios. Hay antecedentes graves“.