“En mí hay un animal político que siempre ha buscado el diálogo”, aseguró el ex alcalde de La Florida y de Santiago, Pablo Zalaquett, tras la polémica que generó reuniones en su casa en las que participaron ministros de gobierno.
En conversación con El Mercurio, Zalaquett sostuvo que “n ninguna reunión hubo lobby. Le puede preguntar a cualquiera de los asistentes. No hubo gestión de intereses, nunca nadie solicitó alguna petición a algún político, por algún interés en particular para ninguna empresa o sector empresarial, nunca”.
Debido a las reuniones en casa del lobista, Contraloría oficio a los titulares de los ministerios de Interior, Trabajo, Agricultura, Relaciones Exteriores, Economía y Medio Ambiente.
Ante esta situación, la diputada independiente Camila Musante presentó un proyecto de ley que busca modificar y aumentar los estándares de la actual Ley de Lobby.
Los cambios a la Ley de Lobby
A través de un video, la parlamentaria explicó que “he presentado un proyecto de ley que modifica la actual Ley de Lobby y otros cuerpos normativos con la finalidad de poner fin a la puerta giratoria del poder“.
“En primer lugar, estableciendo una inhabilidad de cinco años para quienes ocupen altos cargos dentro de un Gobierno, como los ministros por ejemplo, de integrar posteriormente la directiva de una empresa de la cartera de la cual estuvieron a cargo”, puntualizó.
En segundo lugar, “estableciendo un registro de carácter público de las agendas que lleven las autoridades, tanto quienes hayan sido electos popularmente, como los parlamentarios, los alcaldes, los gobernadores regionales, así como también las autoridades del Gobierno central”, dijo.
“Y, finalmente, un aumento de las penas y las multas para el caso del incumplimiento de la normativa de Lobby“, especificó, agregando que “con esto esperamos contribuir a que se pueda poner fin a la influencia del dinero dentro del poder político“.
Otro de los aspectos que destaca es el relacionado a las sanciones de multa, las cuales “se aumentan considerablemente”. El texto señala que “actualmente la ley establece un máximo de 50 UTM (aproximadamente 3,2 millones de pesos), lo cual no es una cifra que sirva de escarmiento para empresas, lobistas y autoridades que vulneren la norma. Por ello, proponemos elevar dicha cifra hasta 500 UTM, pudiendo incluso elevarse aún más al calor de la discusión del presente proyecto“.
“Respecto a las reuniones propiamente tal, se propone que aquellas que se caractericen por ser ‘secretas’, esto es, que no sean incluidas dentro del Registro Público, deban ser necesariamente realizadas en edificios públicos o de uso público. Con ello, las reuniones tendrán al menos un registro de quien ingresó al edificio, aún cuando no se registre la materia de la reunión por razones de seguridad nacional”, agrega la propuesta.
