Este lunes, tras tres citaciones, el el jefe de asesores de Presidencia de La Moneda, Miguel Crispi, asistió a la comisión investigadora por el Caso Convenios de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Consultado por la cronología del caso, Crispi respondió que “el Presidente de la República se enteró el día 16 de junio, como es de público conocimiento (…) se entera de lo que sabía el país”.
“Es algo muy distinto a lo que conocemos hoy como el Caso Convenios” dijo, destacando que, en ese momento, sólo era el Caso Democracia Viva en Antofagasta.
“Como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio”, reveló a continuación, e indicó que uno de los integrantes de su equipo de asesores le hizo saber de la situación en un diálogo y derivó esa información a la entonces subsecretaria de Vivienda de entonces, Tatiana Rojas.
Posteriormente, tras la publicación del caso en los medios, el día 16 de junio “yo le comento al Presidente que había tenido noticias de un rumor que daba cuenta que estaba esta situación en Antofagasta”.
“Yo, hasta ese momento, ni siquiera sabía que existía la Fundación Democracia Viva”, aseguró Crispi.
Cabe recordar que el 24 de junio el gobierno solicitó a Rojas su renuncia. Esa misma jornada, la ahora exautoridad debió referirse a un correo electrónico que fue filtrado y que recibió el 2 de mayo desde la Asociación de Funcionarios del Serviu, en el que le informaron sobre las particularidades de la fundación y sus lazos con el ministerio que encabeza Carlos Montes. Rojas confirmó que estaba al tanto de las irregularidades y que “no alcanzó” a advertirle al titular del Minvu.
El asesor de gobierno precisó que no hubo una comunicación escrita, por mail o mensajería, y que la solicitud a la subsecretaria la hizo mediante un llamado telefónico.
“No fue por escrito. Le dije (a la subsecretaria) que se investigue y se tomen las decisiones que se tienen que tomar donde corresponde”, expuso.
Respecto de la gestión de la ex subsecretaria, Crispi sostuvo:
“Este es un asunto muy delicado, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cuando están frente a un hecho que revista características de delito. No solamente en este caso, es una función sensible que tiene que ver con que los funcionarios tienen el deber de garantizar que no haya un mal uso de recursos, lo que no se contradice con cierta prudencia en el momento de recabar antecedentes. El Consejo de Defensa del Estado tardó dos meses en investigar los antecedentes para tomar una definición. Yo desconozco los antecedentes que tenía a la vista la subsecretaria, no los conozco, lo que puedo decir es que cualquier funcionario público que tiene responsabilidad la ejecuta, eso es lo que se espera, con cierta prudencia”, argumentó.
