Contraloría le da 5 días a La Moneda para explicar la negativa de Miguel Crispi a declarar ante comisión investigadora

Una nueva arista que remece a La Moneda por el caso Convenios es la negativa del jefe de asesores de La Moneda Miguel Crispi a declarar ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El principal argumento que entregaron desde el Ejecutivo de la ausencia del exdiputado a entregar sus declaraciones en la Cámara es que al ser un funcionario a honorarios y no a contrata, no está obligado a ser parte de las declaraciones en la comisión.

Sin embargo, durante este lunes el contralor, Jorge Bermúdez negó estas afirmaciones, aclarando que “nosotros lo que tenemos que hacer ahora es darle traslado a esa persona para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control, por qué razón esta persona no tendría que comparecer a esta comisión y por qué no estaría sometido a este control propio de un estado democrático”.

Se oficia a La Moneda

En este sentido, ahora se dio a conocer que la Contraloría dio un plazo de 5 hábiles administrativos a La Moneda para responder al oficio emanado desde el organismo fiscalizador “con el propósito de solicitarle tenga a bien iniciar el procedimiento sancionatorio a que se refiere el artículo 10 de la ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, respecto del señor Miguel Crispi Serrano, jefe de Asesores de la Presidencia, quien no compareció ante esta Comisión, pese a haber sido citado en dos oportunidades”.

En concreto, dicho documento fue dirigido a la directora administrativa de la Presidencia de la República, Antonia Rozas y que este “pase a la Presidencia de la República, copia de la presentación formulada por el señor Juan Carlos Herrera Infante, abogado secretario de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de Gobierno relacionados con la transferencia de fondos realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

Además, en el documento se expone que la respuesta desde el Ejecutivo “deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.