La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), respondió a los emplazamientos de senadores de oposición surgidos en la Comisión de Seguridad, que el miércoles se reunió para analizar las observaciones (vetos) presentadas por el Presidente Gabriel Boric a la ley de usurpaciones.
Si bien la discusión de esta legislación estaba centrada en defensa privilegiada y la falta de graduación en las penas, ahora dio un giro y se enfocó enérgicamente en el futuro de las personas que viven en campamentos.
Este tema fue puesto en discusión por la propia ministra quien sostuvo que “recorrieron campamentos, se llenaron de palabras de solidaridad y ¿Hoy van a visitar esos campamentos a decir a toda esa gente debiera estar en la cárcel?”.
Tanto el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron férreos opositores a la iniciativa acusando “criminalización de la pobreza”, advirtiendo que “no se puede penalizar con cárcel a quienes viven en asentamientos informales por necesidad”.
Frente a estos cuestionamientos, el Ejecutivo respaldó en un artículo transitorio donde se excluye de detención o desalojo a las personas incluidas en el Catastro Nacional de Campamentos.
“No podrá ser detenida (…) si se encontrare ocupando un inmueble que forme parte de un campamento incluido en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vigente al 1 de marzo de 2024”, dice la normativa aprobada por el Congreso Nacional.
Catastro Nacional de Campamentos
El mismo artículo señala que “entre la fecha de publicación de la presente ley y el 1 de marzo de 2024 regirá el Catastro Nacional de Campamentos vigente, para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior”.
“De no aprobarse el veto que hemos planteado y de insistir que se establezca pena de cárcel en todas las hipótesis, significa que a contar de la entrada en vigencia de esta ley, quienes vivan en campamentos podrían ser condenados a pena de presidio“, sostuvo el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde,
Asimismo, explicó que en el veto, “los campamentos quedan exceptuados de la facultad que se otorga a las policías para proceder al desalojo sin orden judicial, la detención de quienes están en esa situación y la restitución anticipada por parte del juez, esa es la excepción que se establece respecto de los campamentos, pero no es una excepción respecto de la justificación del delito de usurpación que sigue estando penalizado en nuestra legislación”.
En tanto, sobre la gradualidad de penas, Elizalde indicó que “entendemos que hay formas más graves de la comisión del delito y otras menos graves. Finalmente los jueces, no sobre subjetividades sino sobre bases de los parámetros objetivos que establece el proyecto, tendrán que aplicar la pena caso a caso”.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó también la discusión sobre la ley de usurpaciones, y aseveró con respecto al Catastro Nacional de Campamentos “estamos ya en proceso, ordenando cómo lo vamos a actualizar porque hay campamentos que no estaban incluidos y tenemos plazo de los que existían de aquí hacia atrás. Hay algunos que no están en el catastro, pero tenemos datos de ellos. A partir de eso, esos campamentos no pueden ser desalojados por el acuerdo que hay y a su vez las personas no pueden ser detenidas”.
La respuesta de la oposición
Por su parte, en conversación con Radio Universo, el senador Felipe Kast (Evópoli) y presidente de la comisión de Seguridad del Senado, aseveró que “la ministra está desesperada” y que el Ejecutivo “se equivocó con el veto”. “Con el veto del Gobierno también se van a ir a la cárcel, porque el Gobierno lo que hizo es que para las usurpaciones no violentas se aplica cárcel o multa. Bajo sus conceptos estaría enviando a la cárcel o con multa a los campamentos”, acotó.
La mirada de TECHO-Chile y el futuro de las personas en campamentos
Frente a esta discusión, en conversación con Duna.cl, Isidora García, coordinadora de Incidencia TECHO Chile, sostuvo que “las familias que se encuentran en campamento podrían estar expuestas a una pena de cárcel, porque lo que dejaba el proyecto original es que hacía una observación a su norma transitoria que decía que las personas que estaban en el Registro de Campamentos del Minvu no se les podría detener ni pedir la restitución anticipada”.
Sin embargo, aseveró que “respecto de la usurpación en sí esas personas están cometiendo ese delito podrían ser condenadas con esas penas más altas, estén o no en el Registro de Campamentos del Minvu”.
Ante esto, señaló que “lo que hace el veto es darle la facultad al juez de poder distinguir qué pena aplicar en el caso de la usurpación no violenta, según las circunstancias que rodean a esa usurpación”
“Hay un tema de vivienda que no se resuelve con sanciones penales más duras, sino que también con una política de vivienda efectiva que logre abordar la diferente demanda habitacional. Que logre aborda específicamente la situación de los campamentos”, afirmó.
