El futuro de la ley de usurpaciones sigue estando en duda. El Presidente Gabriel Boric enviará un veto sustitutivo para intentar corregir el proyecto en contra de las ocupaciones o tomas de propiedades.
Entre las observaciones que mandará el jefe de Estado se eliminarán la cuestionada legítima defensa privilegiada, modificarán el delito de ejecución permanente y se dejará a discreción del juez o jueza si multar o castigar con cárcel de hasta tres años y un día, las ocupaciones no violentas.
Además, se eliminaría la rigidez de la aplicación de la norma en el escalonamiento de penas y el concepto de la toma ‘transitoria’. De esta forma, se evitaría la criminalización de la protesta social, gremial o estudiantil.
Actualmente el Código Penal en sus artículos 457 y 458 sólo contempla penas de multas para quienes ejecuten usurpaciones ya sean violentas o no violentas contra las personas, sin perjuicio de que pueda haber sanciones penales adicionales por actos que terminen en lesiones o, incluso, homicidios. Sin embargo, por sí mismo, el delito de usurpación no implica pena de cárcel, aspecto que la norma despachada por el Congreso pretendía cambiar.
Esto se diferencia dela iniciativa aprobada por la Cámara y el Senado señala que cuando haya violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, se aplicará una pena de “presidio menor en su grado medio a máximo” (541 días a 5 años). Además, agrega que si no hay situaciones de violencia o fuerza, igualmente se aplicará el presidio menor, pero “en su grado mínimo a medio” (61 días a 541 días).
Si bien, las conversaciones con el gobierno hubo acercamientos, hay legisladores de la oposición que insisten en que las penas por una usurpación, independientemente de que sean pacíficas o violentas, partan con un presidio.
A diferencia, desde el PC cuestionan que el proyecto de ley eleve en forma desproporcionada el catálogo de penas y existen dudas de que la cárcel sea la solución.
¿Qué pasará si se rechaza el veto sustitutivo?
El veto sustitutivo ingresará el viernes al Senado y se requiere de la mayoría de los presentes para que se aprueben las observaciones, de lo contrario, se pasa a votar la opción de mantener el texto original para lo que se requiere 2/3 de los parlamentarios, quórum muy difícil de alcanzar dado el escenario actual. Si ninguna de las opciones prospera, no habría ley en la materia que fue vetada.
Ante esto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, sostuvo que “el Presidente de la República va a ejercer la atribución que le confiere la Constitución y esperamos que su propuesta sea acogida por el Congreso Nacional”.
Lo que nos interesa es velar por una buena ley, que sea una buena herramienta para restablecer el imperio del derecho, proteger a las víctimas y que al mismo tiempo respete un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, la violencia entre particulares no tiene cabida para resolver conflictos jurídicos”, agregó el secretario de Estado.
