Gobierno anuncia veto a ley de usurpaciones aprobada en el Congreso por artículo de “legítima defensa privilegiada”
A partir de ahora, el Ejecutivo cuenta con un mes para presentar sus observaciones al proyecto e iniciar nuevamente la discusión parlamentaria de este proyecto.
Tras la aprobación de la ley de usurpaciones, y tal como se había anunciado, el Gobierno le aplicará un veto, específicamente a la indicación que se llamó como “legítima defensa privilegiada”.
A partir de ahora, el Ejecutivo cuenta con un mes para presentar sus observaciones al proyecto e iniciar nuevamente la discusión parlamentaria y votaciones. “así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo, porque nuestro gobierno es responsable. Nuestra firma, no el anonimato, va a estar detrás de esta ley, y no queremos andar por la vida diciendo que nosotros validamos que la gente, en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar con mano propia”, declaró a la salida del hemiciclo la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Este proyecto busca tipificar como delito las usurpaciones, que de momento son solo faltas, modificando el Código Penal, castigando con penas de cárcel a quienes sean condenados por esto, además de facilitar la detención de los implicados.
“Legítima defensa privilegiada”
Este proyecto tiene origen en mociones desde senadores de la oposición, que posteriormente fueron apoyadas por el Gobierno, en medio de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
Sin embargo, durante la tramitación del proyecto se ingresaron indicaciones que incorporan las figuras jurídicas de “legítima defensa privilegiada” y la “flagrancia permanente”, las que según el Gobierno y gran parte del oficialismo, significaría una autotutela.
Esta es la principal razón del veto presidencial, indicó la ministra Tohá, quien agregó que “tenemos que hacerlo con una gran prioridad, pero lo tenemos que hacer bien”. Por otro lado, para el Gobierno la dureza de las penas que se pueden llegar a aplicar para quienes hagan estas usurpaciones sin violencia también genera diferencias.
Según comentó Tohá, además de los vetos buscarán “preservar lo positivo el proyecto”. En este sentido, cuentan con tres opciones para ingresar estas observaciones: agregar elementos al texto a través del veto aditivo, eliminar partes del mismo, mediante un veto supresivo o reemplazar partes del proyecto, con un veto sustitutivo.
Qué viene ahora
De momento, se espera que el Gobierno se decida por ingresar un supresivo o sustitutivo, en este escenario, la oposición requeriría de la mayoría para rechazar el veto y dos tercios en ambas cámaras para evitar la ofensiva del Ejecutivo.
En consecuencia, si es que la derecha no consigue los votos necesarios para ganar dichas votaciones, el proyecto quedaría como lo modificaría el Gobierno mediante los vetos.
Sin embargo, esto no está del todo claro, ya que el oficialismo no voto alineado en este proyecto, tanto en la Cámara baja como en el Senado, algo que preocupó a la ministra tohá frente a una “indisciplina de los parlamentarios de gobierno.
Como era de esperarse, desde la derecha se criticó duramente la determinación del Gobierno, El senador de Evopoli, Feliper Kast, aseguró que el Ejecutivo estaba “desinformando a la población“ y que con esta ley no se producirían enfrentamientos, algo que fue negado por parlamentarios que no son oficialistas, como es el caso de Matías Walker (Demócratas) quien sí reconoció que con este proyecto podían producirse autotutela en civiles.