Daniel Andrade, ex representante de Democracia Viva apunta al Minvu de “haberlos contactado” y reconoce “ha sido un error gigante” haber firmado los convenios

Por primera vez, el ex representante de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, se refirió al escándalo que estalló en torno a su figura por el denominado Caso Convenios.

“Primero aclarar que nosotros estamos muy disponibles a que esto se esclarezca, incluso si hay que llegar a un juicio”, en conversación con  el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.  Asimismo, aseguró que “aquí no se ha robado ningún peso y que todos los fondos se han ocupado para lo que el convenio se le asignó”.

Durante su gestión al mando de la fundación, Democracia Viva un convenio por $426 millones por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Antofagasta. Por este hecho la justicia se encuentra investigando presuntos delitos de corrupción.

“Es el Minvu y en particular el seremi el que me contacta a mí y entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios”, sostuvo el ingeniero civil mecánico y ex pareja de la diputada Catalina Pérez. 

Asimismo, explicó que el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras lo invitó a firmar los convenios y reconoció que “no debería haber accedido a eso”.

“Me conversa de que hay una mala evaluación de fundaciones anteriores y de que van a diversificar las fundaciones para que, de esta manera, se pueda llevar adelante la gran tarea que se estaba llevando de las 260 mil viviendas que el ministro (Carlos) Montes había planteado”, señaló.

En esa línea, explicó: “Él (Contreras) me sugiere esto, yo le planteo de vuelta ‘mira, ¿sabes qué? nosotros no tenemos una experiencia necesariamente en la construcción de infraestructura, nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a mediación (…) y él me dice que no hay un problema derechamente porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras y lo que uno tiene que hacer es supervisar que las constructoras hagan el trabajo que la comunidad está llevando adelante”.

“Yo en ese contexto también siento que ahí yo no debería haber accedido a eso, porque no teníamos necesariamente la expertiz en la parte de construcción”, declaró Andrade.

“Mirando en retrospectiva yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante, por todo el daño que se ha provocado a mi gente cercana, al gobierno, a la diputada Catalina Pérez, a mucha gente. Eso me ha tenido mal. Al principio con crisis de angustia. En parte no salía también porque no me podía el cuerpo. Sentía como que me moría, me retrataron como que fuese el líder de una banda criminal”, manifestó el exdirigente estudiantil de la Universidad de Chile.

Fue “imprudente en ese momento. Actué con exceso de confianza, de acuerdo a lo que la ley establecía. Siempre se me dijo que esto estaba dentro de un marco legal y tampoco pensé y no medí los riesgos políticos de como armar este triángulo, Catalina Pérez, Carlos Contreras”, afirmó Andrade. 

Los convenios

Andrade explicó que los tres convenios cuestionados son de naturaleza distinta entre si. Uno es para “construcción de vivienda y otros, para diagnóstico de la comunidad (…) En particular, los convenios a los que nosotros accedimos, eran de levantamiento de diagnóstico, y el otro convenio era el acompañamiento y construcción de esta infraestructura liviana”.

Asimismo, comentó que el proyecto de la fundación Democracia Viva se concibió en 2020 cercano al inicio del proceso constituyente, y estaba enfocado en la “participación ciudadana y todo lo que tiene que ver con formación ciudadana”, en tanto, la firma formal para darle forma legal, fue en septiembre de 2021, pero que antes de eso, ya estaban trabajando con otras fundaciones en diagnósticos en materia de campamentos.

Andrade sostuvo que los tres convenios suscritos suman un total de $426 millones, contemplaban una duración de 12 a 16 meses. Uno de ellos, fue adjudicado en noviembre del año pasado, y la ejecución empezó en marzo.

“Nosotros ejecutamos $131 millones a la fecha (junio), esos montos contemplaban parte de la red húmeda, una estación seca, proyecto que no nos acomodó, pero que el Serviu nos obligó a hacer, y la otra fue acomodar postes que habían quedado mal instalados de intervenciones anteriores, no nuestras”, precisó.

Además, detalló que para estos trabajos “eran cinco o seis personas, a veces siete, con boleta, todo eso está respaldado”, y aclaró que “los gastos que hacía la fundación era tutelados por el Serviu, que es un organismo técnico. Ellos autorizaron la construcción, las contrataciones”. Además, afirmó que “nunca nos pidieron boleta de garantía”, y aunque subrayó que ellos si les pidieron estos documentos a las constructoras, “no fue algo que el Minvu, el Estado en este caso, nos pidiera”.