Más de siete meses desde que el presidente Gabriel Boric entregó 13 indultos, 12 de ellos a personas ligadas a episodios durante el estallido social.
Tras esto, en marzo, diputados de la UDI oficiaron al Ministro de Justicia para que fiscalizará el proceso de reinserción de los indultados. La información llegó a se unas semanas al Congreso.
“A la fecha sólo dos de los indultados (por causas ligadas al estallido social) han solicitado la derivación al Programa de Intermediación Laboral”, instrumento voluntario que ofrece el Estado para personas que cumplen condenas en sistema abierto, es decir, con algún tipo de beneficio carcelario que les permite salir de prisión, informó el gobierno a través de un oficio firmado por el director de Gendarmería y retransmitido por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.
A pesar de ser indultada, la persona que recibe este “perdón presidencial” debe cumplir con las exigencias y condiciones de la Ley 18.216 sobre penas sustitutivas. Ello los obliga a acreditar una residencia, firmar una vez al mes en un centro de Gendarmería, predeterminado como lugar de control, y también deben informar del “ejercicio de una profesión, oficio y/o estudio”.
Según el oficio de Gendarmería remitido a la bancada UDI, “la población indultada quedó sujeta” a esa normativa.
Tras revelarse que solo dos de los 12 indultados requirieron el Programa de Intermediación Laboral, la UDI levantó las alertas.
“Se lo advertimos al gobierno, los indultos son la peor decisión política que marcará a Boric durante su mandato, no hubo intención de reinsertar a los delincuentes del estallido social, fue solo un gesto a la extrema izquierda que tuvo un costo político indescifrable hasta el día de hoy”, dijo el diputado gremialista Henry Leal.
El oficio de fiscalización -firmado por Leal y sus pares Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso- buscaba indagar especialmente por la situación particular de seis de los 12 indultados, que tenían un informe negativo de Gendarmería, debido a su alto compromiso delictual.
