El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que el caso de los convenios investigados de Democracia Viva corresponde a “corrupción”.
“Tenemos un problema estructural, ese problema estructural hay que resolverlo y yo creo que va a ser inevitable en la ley de presupuestos. En segundo lugar, una cierta flexibilización en el mecanismo que genera incentivos para un uso discrecional, en algunos casos, arbitrario”, afirmó el titular de Justicia, en Canal 13.
En tercer lugar, señaló Cordero, hay “casos que derechamente tienen que ser calificados como corrupción. Democracia Viva es un caso”.
Ante esto, el ministro explicó que “lo primero, es que usted puede entender corrupción como la infracción a la ley o la comisión de delitos, como cohecho. Pero hay una segunda acepción, que es la que en principio nosotros debiéramos compartir, que es el ejercicio abusivo de la posición de autoridad para obtener un beneficio privado, aunque no sea constitutivo de delito“.
“En esa segunda dimensión, uno debe entender que estamos en presencia de casos de corrupción, y el caso de Democracia Viva es un ejemplo”, manifestó el ministro.
En esa línea, el secretario de Estado detalló que en el caso Democracia Viva, hubo una “suscripción de un acuerdo con conflicto de interés, una asignación directa. No tomó los resguardos en relación a un régimen de garantía, porque inmediatamente transfirió; podría haber transferido parcialmente. Cuarto, un contrato o un convenio en el que el plan de trabajo se presentó con mucha posterioridad. Quinto, un mecanismo de rendición que no se cumplió adecuadamente”.
En la entrevista, Cordero informó que están investigando a 18 fundaciones que, a su juicio, estarían “abusando” de su personalidad jurídica (concepto que se usa en el ámbito legal para definir una mala práctica).
Uno de estos casos es el de la fundación En Ti, la cual fue “arrendada” por la ex candidata a alcaldesa de Concepción, apoyada inicialmente por el Frente Amplio, Camila Polizzi, quien es investigada por pagar presuntamente $ 10 millones a los directivos de la organización con el fin de utilizar su nombre y conseguir el traspaso de $ 250 millones de parte del gobierno regional del Biobío.
“La libertad, la modalidad de transferencia, generan incentivos inadecuados. Eso es abuso de personalidad jurídica”, dijo el ministro sobre el caso, agregando que “a propósito de abuso de personalidad jurídica, estar utilizando la personalidad jurídica que le dio el Estado, aún en un sistema flexible, es parte de lo que está estudiando el Ministerio de Justicia en, al menos, 18 casos”.
Las reacciones a las declaraciones del ministro Cordero
Este lunes, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se cuadró con el gobierno y se sumó a las palabras del ministro de Justicia.
“Lo hemos dicho, independiente de lo que se descubra, que haya delito o no haya delito, eso lo dirá el Ministerio Público, lo dirá la investigación que está llevando la Fiscalía, pero nos parece que el caso Democracia Viva sí constituye un escenario de corrupción, condenable, por cierto”, admitió Latorre.
“Y a nosotros como partido nos ha dolido mucho, nos ha golpeado mucho, y por eso también hemos tomado decisiones de manera consistente en poco tiempo, y con esto no quiero enrostrarle lo que han hecho otros partidos con casos de corrupción en sus filas, pero nosotros hemos expulsado a Andrade y a Contreras (el primero era el representante de Democracia Viva y el segundo el seremi de Vivienda de Antofagasta cuando se firmaron los convenios, ambos en ese momentos militantes de RD), tenemos suspendida a una diputada de la República (Catalina Pérez), muy relevante para el partido. El partido decidió querellarse, contratar una abogada penalista para perseguir hasta el final la investigación, colaborar, poner todos los antecedentes a favor de esa investigación y que caiga quien caiga”, recalcó sobre las acciones que ha tomado su tienda.
