Que la vivienda principal no pague contribuciones y fin al impuesto al patrimonio entre las propuestas de Republicanos en el Consejo Constitucional

El Partido Republicano presentó diferentes enmiendas económicas al anteproyecto de nueva Constitución entre ellas sobre impuestos, pensiones, derecho a huelga, aguas, endeudamiento público y Banco Central.

Respecto de tributos, los republicanos proponen  agregar en el capítulo dos, sobre derechos y libertades, que “estará exenta de toda contribución o impuesto territorial la vivienda que sirve como residencia principal de una persona o familia. La ley establecerá la forma para hacer efectivo este derecho”.

Además, en ese capítulo buscan agregar esta oración: “La ley no podrá, en caso alguno, establecer tributos que graven el patrimonio de las personas”.

Asimismo, hay otra enmienda que propone que “la ley establecerá beneficios o exenciones tributarias en favor de la familia, la vivienda, los adultos mayores y el libre emprendimiento”.

Respecto de pensiones, los republicanos incluyeron una enmienda que había sido rechaza en la Convención Constitucional.  “El Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales provenientes de las cotizaciones obligatorias y voluntarias y de los fondos que se generen, garantizando su propiedad, así como su heredabilidad. En ningún caso los fondos ahorrados y generados podrán ser apropiados, embargados, expropiados o despojados por el Estado a través de mecanismo alguno”, señala.

En el caso de la negociación colectiva, la propuesta sostiene que “no podrán declararse en huelga quienes integren las Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas y Gendarmería de Chile, los funcionarios del Estado y de las municipalidades”.

Respecto de la propiedad del agua, ala enmienda indica que “las aguas son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, sin perjuicio del derecho real de aprovechamiento que confiere a su titular el uso y goce de ellas, así como los demás derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, los que otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

 Banco Central

Respecto del Banco Central, los republicanos piden que se haga un cambio a la forma en que quedó redactado en el anteproyecto. El actual texto señala que el BC “tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos” y se propone que cambie “estabilidad de los precios”  por “estabilidad de la moneda”.

Además, propusieron que suprimir el inciso que señala que el ente emisor “ejercerá sus funciones y atribuciones buscando resguardar el cumplimiento de los objetivos a que se refiere” el inciso anterior, “sin perjuicio de considerar también los efectos de la política monetaria en la actividad económica y el empleo”.

Asimismo, pide anular “en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el BC podrá comprar durante un período determinado y vender, en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en la ley institucional”.

Prohibición del endeudamiento público

Respecto del endeudamiento público, “las finanzas públicas se conducirán de conformidad al principio de responsabilidad fiscal, el que guiará el actuar del Estado en todas sus instituciones y niveles. Bajo este principio, el Estado tiene el deber de administrar los recursos públicos de manera eficiente, transparente y equitativa, garantizando el uso adecuado de los fondos públicos para el beneficio de la sociedad en su conjunto”.

 “Los funcionarios y autoridades que conduzcan y deban adoptar decisiones públicas donde esté en juego la responsabilidad fiscal y el interés superior del país, serán directamente responsables de todo daño causado a dicho principio e interés superior”, señala.

Asimismo, en otro apartado, sostiene que “el Presidente de la República evitará un endeudamiento excesivo del Estado. El Estado garantizará el equilibrio entre ingresos y gastos en su balance, teniendo en cuenta las fases favorables y desfavorables del ciclo económico”.

“El endeudamiento público estará permitido únicamente con el fin de considerar los efectos del ciclo económico y tendrá un límite máximo expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto. El endeudamiento público requerirá de la autorización de la Cámara de Diputados y del Senado concedida por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, y solo en casos de estar en presencia de acontecimientos excepcionales. El límite máximo de deuda se establecerá anualmente en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos, requiriendo del voto favorable de los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio”, señala.