Hace prácticamente un mes, se destapó el caso Democracia viva, la mayor crisis que ha debido enfrentar el Gobierno del presidente Gabriel Boric.
Si bien la reacción del Gobierno fue despedir a todos los implicados, es decir, el seremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras y el Daniel Andrade, quien era asesor del Ministerio de Defensa, el que participaba de la fundación Democracia viva, a esto se le suma el despido del secretario regional ministerial de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández quien estuvo ligado a fundaciones que consiguieron convenios desde dicha cartera. Además, la fiscalía ha iniciado una serie de diligencias en su investigación por esta causa.
Ahora desde el Gobierno se refirieron a los pasos a seguir en este caso. “Lo que nosotros podemos informar es que la Seremi de Antofagasta ha dictado una resolución el día lunes que le ha sido comunicada a Democracia Viva para efectos de terminar los tres contratos que tenía con el Ministerio de Vivienda”, declaró el ministro de Justicia, Luis Cordero.
El secretario de Estado agregó que esta acción además de poner fin al convenio, ordena la restitución de los dineros entregados. “La liquidación del contrato se debe realizar en los próximos cinco días, esto fue dictado el día lunes y Democracia Viva tiene un plazo de 30 días para la restitución de los fondos en arcas fiscales”, añadió Cordero, quien también informó que “no hay consideraciones adicionales para esa devolución”.
En total, la fundación Democracia viva recibió tres convenios desde el Ministerio de Vivienda de $200, $170 y $56 millones, las cuales según la ONG se ha rendido el 27% de los montos utilizados a mayo de este año.
