Democracia Viva: ¿Cuáles son las aristas del caso que complica al Gobierno?

Este jueves, el Juzgado de Garantía de Antofagasta declaró admisible la querella presentada por Revolución Democrática (RD) en el denominado caso de la Fundación Democracia Viva con la Seremi de Vivienda de la segunda región.

Esto se da en el marco de que la Fiscalía de Antofagasta investiga un posible caso de corrupción, luego que la Seremi de Vivienda de esa región traspasara cerca de $420 millones a la Fundación Democracia Viva.

El escándalo salpicó directamente al partido frenteamplista, dado que el representante legal de la fundación, Daniel Andrade, ex pareja de la diputada Catalina Pérez, todos militantes de RD, al igual que el renunciado seremi, Carlos Contreras.

Aunque la investigación no ha sido formalizada, este martes el fiscal Cristian Aguilar, indicó que se indagan los posibles delitos de tráfico de influencia, malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

Además, de esto hay otra arista que ha aparecido del caso, se trata de la existencia de “dobles contratos” de funcionarios del Minvu que también tenían un vínculo laboral con la cuestionada fundación.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, descartó conocer a alguien con dobles contratos. “Yo no conozco ningún caso de una persona que trabajara en el Minvu que recibiera plata de las fundaciones, hay una mala interpretación de una periodista. Lo que ocurre aquí es que algunas fundaciones contrataban personas que se iban a trabajar al ministerio para hacerles seguimiento a los proyectos”, afirmó.

La determinación de Contraloría

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, anunció que el órgano decidió paralizar la toma de razón de todos los contratos y convenios que impliquen traspasos de fondos del Estado a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. La Contraloría instruyó a todas las divisiones regionales acatar esta medida.

“Hoy respecto de las transferencias que se hacen a fundaciones y corporaciones privadas, hay una orden, tomada centralizadamente, que es suspender la toma de razón mientras no se aclare bien la situación y eso evidentemente que va a ocasionar que los plazos se extiendan. Pero eso es por una situación puntual que estamos viviendo y que era necesario poder reaccionar”, explicó Bermúdez.

El contralor sostuvo que “lo que existe es una carencia de regulación del punto de vista de cómo están reguladas a nivel legal estas instituciones. Acá se ha hecho una opción por parte del Estado chileno de que sean fundaciones privadas las que ejerzan funciones que habitualmente son públicas”.

“Esto ha significado que cientos de miles de millones de pesos todos los años se transfieran, con todos los resguardos o no. Es evidente que no ha sido con todos los resguardos, porque efectivamente de lo que estamos hablando acá aparentemente es una situación de mal uso de los recursos, una situación que eventualmente puede ser de corrupción”, aseguró.

Bermúdez remarcó que “no hay que olvidarse de que la corrupción muta, va cambiando como si fuera un virus. Por eso, el Estado siempre va a la saga de ese mal que afecta a la democracia, que es la corrupción”.

“Hay una situación sofisticada donde se han producido hechos que eventualmente son constitutivos de corrupción, producto de que el Estado ha entregado estos recursos con poca regulación a entendidas que son de naturaleza privada”, dijo.

La autoridad planteó que “la respuesta a esta situación es precisamente fortalecer las instituciones que son de control y el principio de que donde hay recursos públicos debería haber un control, que no es algo que esté expresamente consagrado”.

La revisión de convenios

Ante los coletazos que ha tenido este caso, el presidente Gabriel Boric pidió revisar todos los convenios suscritos durante su administración, una instrucción que, según explican en La Moneda, se hizo extensiva a todas las carteras.

“Es importante que hablemos despercudidamente de esto y que acá no haya nada que se esconda. Toda irregularidad tiene que salir a la luz y les he instruido a nuestros colaboradores de gobierno, en particular a los ministerios, que acá hay que anticiparse. Hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas, que es si el gobierno hubiera reaccionado si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz”, expresó el Mandatario en su visita al Alto Biobío, zona afectada por el frente de mal tiempo.

Asimismo, señaló que “a la gente que hace bien la pega, qué bueno, que se mantengan, subamos los estándares y por eso yo efectivamente he instruido que se revisen los diferentes convenios para que el caso de Democracia Viva, en donde yo concuerdo en que es inaceptable, una fundación recién creada, que no tenía experiencia, yo creo que por ahí no hay por dónde que eso siga pasando”, aseveró. 

Las otras fundaciones que estarían involucradas al caso

Este caso ha puesto en la mira a distintas ONG que trabajan en el país, entre ellas, la Fundación para la Superación de la Pobreza .

Esto se debe a que, en sólo tres meses durante el 2022 se adjudicó más de $ 500 millones, según informó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tras un encuentro con el fiscal regional subrogante de Antofagasta, Cristian Aliaga. 

Además, Montes constató que la fundación tenían entre sus filas, en el pasado, a Paz Fuica, concejala por la comuna, ex encargada territorial de la diputada Pérez y quien trabajó como asesora del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras, quien debió renunciar tras el escándalo que protagoniza Democracia Viva.

Sobre esto, en Hablemos en Off, Andrea Repetto, presidenta del directorio de Fundación para la Superación de la Pobreza, sostuvo que “no es cierto que haya una relación con el gobierno de turno. Trabajamos con los últimos siete gobiernos, independiente del color político”. 

Respeto de la vinculación de Paz Fuica, concejala por la comuna de Antofagasta, con la fundación, Repetto aseveró que “prestó un servicio a honorarios por cuatro meses. Hicimos un llamado y ella postuló, tenía experiencia y en ese momento no trabajaba en el Minvu”.