El pleno de la Comisión de Expertos para una una Constitución, aprobó por unanimidad y en general las normas sobre las modificaciones que habrían sobre el Congreso; Gobierno y administración del Estado; Gobierno y administración regional y local; Poder Judicial; Corte Constitucional; y Ministerio Público.
Se trata de una primera fase en que todos los artículos han sido visados, lo que se explica porque se trata de normas que han acordadas dentro de las subcomisiones y que tienen un “mínimo común constitucional”.
Si bien hay algunos expertos que no están de acuerdo en el detalle, habrá una nueva fase donde estos podrán ser revisados.
Cambios al sistema político
Una de las nuevas normas aprobadas incluye la instalación de una barrera electoral del 5% en la Cámara de Diputados, lo que significa que todos los partidos que quieran llegar al Congreso deben conseguir al menos el 5% de los sufragios válidamente emitidos.
Se trata de una herramienta que busca combatir la fragmentación política y dejar atrás situaciones como la actual, donde hay 21 partidos políticos en el Congreso. Esto dificulta la tramitación de los proyectos de ley y las negociaciones que debe realizar la Secretaría General de la Presidencia, independiente del gobierno de turno.
“A mí no me gustan los gatopardos. A mí no me gusta que digamos que todo cambie, para que todo siga igual. A veces hay que hacer sacrificios. El requisito del 5% produce ese cambio. No significa la captura de partidos políticos fuertes, significa que son los partidos políticos los que se tienen que fortalecer, ya sea atrayendo más electores o uniéndose a aquellos con los que tienen ideas o principios programáticos similares, lo cual evidentemente va a traer un mayor ordenamiento de un sistema político”, sostuvo Gabriel Osorio (PS), según reportó La Tercera.
También avanzan los artículos sobre disciplina parlamentaria y sobre antidíscolos, apuntando a que si un parlamentario renuncia o es expulsado del partido que declaró su candidatura, pierde su escaño.
“A la enfermedad de las acusaciones constitucionales como instrumento de responsabilidad política y no constitucional, se responde aumentando los quórums para su aprobación y creando una herramienta que permita canalizar los cuestionamientos políticos. A la enfermedad del inmovilismo y el bloqueo se crea la agenda prioritaria y se hace parte al Congreso en la calificación de urgencias como en la Constitución de 1925″, explicó Sebastián Soto (Ind.-Evópoli).
“Ante la enfermedad de la descoordinación entre el gobierno y el oficialismo, se proponen distintas fórmulas como la posibilidad de suscribir conjuntamente mensajes y promulgatorios por el presidente y también por los parlamentarios. Ante la enfermedad de un oficialismo distante del presidente electo, se propone trasladar la elección parlamentaria a la segunda vuelta para así, a la francesa, motivar una coalición eventualmente mayoritaria en la Cámara Baja que comparta un programa común con el presidente”, agregó.
Corte Constitucional
Una de las normas que más polémica causó tiene que ver con lo que sería la futura Corte Constitucional, órgano continuador del actual Tribunal Constitucional.
En la oposición lamentaron que en la subcomisión no se llegara a acuerdo en el control preventivo de fondo que se hace a las leyes que tramitadas por el Congreso, un punto que también es central para el oficialismo, pero desde la otra vereda.
“Yo tengo una objeción democrática con esta atribución, dado los términos a los que recurren las constituciones es imposible que el control preventivo sustantivo no sea a un tiempo político”, dijo Domingo Lovera (RD), a lo que agregó que “no hay ninguna forma de escapar y de poder mostrar que hay un órgano que sí tiene acceso a la lectura original, sensata o correcta de lo que la Constitución dispone en términos sustantivos”.
