La Fundación Amparo y Justicia reveló a través de un informe que durante 2022 se recibieron 39.933 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (NNA), lo que corresponde a la cifra más alta desde que se tiene registro.
Estos datos fueron obtenidos a través de la Ley de Transparencia con información del Ministerio Público, también revelan que se produjo un aumento del 42% respecto a las denuncias del informe del año anterior y es más del doble en comparación a lo que ocurría hace once años.
El año 2011 se recibieron 19.231 causas y al compararlo con el primer informe -hecho en 2006- se muestra un aumento de 289% en 16 años.
Los lugares con mayor tasa de victimización a nivel país son las regiones de Ñuble (15 casos por cada 100 mil menores de edad), seguido de Arica y Parinacota (13,9) y Aysén (13,4). Mientras tanto en el lado contrario se encuentra la región Metropolitana (6,9), Antofagasta (7,2) y Coquimbo (8,6).
Posibles causas de este aumento
Para la Fundación Amparo y Justicia no hay certezas de por qué se produjo este fuerte aumento, el cual supera todos los posibles escenarios futuros imaginados, pero plantean hipótesis en base a análisis preliminares.
“Primero, no podemos descartar que se haya producido un incremento real de estos delitos, en especial durante la pandemia, dada las características del fenómeno de los delitos sexuales”, planteó la directora ejecutiva de Amparo y Justicia, Catalina Fernández, en La Tercera.
La representante sostiene que “el término del confinamiento y la pandemia puede haber producido una mayor develación y posterior denuncia. En esta línea, los colegios que en algún momento estuvieron cerrados en la pandemia y luego abrieron sus puertas, son un espacio importante de detección y canalización de las denuncias que ingresan al sistema de justicia”. Sin embargo, también advierte que no “podemos hacer una relación directa y decir que porque aumentaron las denuncias necesariamente aumentaron los casos”.
Una segunda hipótesis tiene que ver con que “en nuestra sociedad una mayor sensibilidad y conciencia sobre la importancia de denunciar, esto producido a partir de la publicidad, campañas, políticas públicas a nivel de justicia y posicionamiento a nivel de relevancia sobre la promoción y protección de los derechos de la niñez, que en el fondo ha tenido un énfasis bastante relevante en el último tiempo”.
Víctimas
Si bien el aumento en las denuncias fue significativo, la caracterización no ha variado. Desde la ONG exponen que el 85,9% de las víctimas son mujeres. También, el 70,1% del total de las víctimas tiene entre 10 y 17 años, mientras que un 10,8% entre los 0 y 5 años. Es decir, que el promedio de edad es de 11 años.
Por otro lado, sí variaron las características de los hechos:
- El 48,1% de los delitos ocurridos el 2022 está denunciado como “abuso sexual con contacto corporal a menor de 14 años” (se triplica desde el 2015 hasta ahora).
- El 11,8% corresponde a “abuso sexual sin contacto a menores de 14 años”.
- El 8,6% corresponde a violación de menores de 14 años de edad.
Más del 50% de las causas son archivadas
Otro de los análisis que realizó la Fundación Amparo y Justicia es sobre la aplicación de la Ley 21.057, que establece que las entrevistas investigativas sean grabadas para así no revictimizar a los NNA que hayan sido víctimas de estos delitos. Con ello, a diciembre del año pasado, se habían efectuado más de 11.094 entrevistas con esta metodología.
“A partir de estas mejoras, esperamos que se pueda otorgar una mejor respuesta y con eso incrementar la confianza en el sistema por parte de las víctimas que también es un aspecto relevante. Si vamos en esa línea se esperaría un incremento de las denuncias, voluntad y disposición de las víctimas a participar en el proceso penal”, explicó Fernández.
Además, pese al aumento en el número de denuncias, el número de formalizados ha disminuido en los últimos seis años. En 2016 el 21,8% de las causas tenía un formalizado, mientras que a 2022 esa cifra solo llegó al 3,8% de los casos.
Respecto al término de las causas, en 2016, las que tenían una salida judicial (es decir, con alguna sentencia, sobreseimiento o acuerdo) eran el 29,4% del total, mientras que en 2022 ese número solo llegó a 6,6%.
De hecho, el año pasado el 66,8% de las causas terminó con una salida “no judicial”, es decir, en las que se decidió no perseverar o archivar, siendo esta última la gran mayoría, con un 58,3%.
“Es fundamental conocer bien los criterios por los cuales se archivan estas causas y desde ahí poder en el fondo abordar eso”. Por lo mismo, sostiene que aquello se podría deber a “la complejidad de investigar este tipo de delitos nuevamente dadas las características de este fenómeno y, por otra parte, podríamos analizar la falta de dotación y también la especialización de diferentes operadores o funcionarios del sistema de justicia”, comentó Fernández.
