El Mineduc, en colaboración con varias subsecretarías y ministerios, ha trabajado en un documento de 34 páginas que ofrece orientaciones para el pilar de salud mental y convivencia del Plan de Reactivación Educativa. El objetivo es que las comunidades educativas puedan planificar y ejecutar acciones básicas de prevención, manejo, asistencia y apoyo ante eventos críticos de delincuencia grave dentro y fuera de los establecimientos educativos.
Estas directrices llegan en un complicado momento, justo despúes de que a eso del mediodía del martes comenzaron a suspenderse las clases en más de una decena de establecimientos educacionales de Valparaíso a raíz de que a las 14.30 horas estaba programado un “narco funeral” que ponía en riesgo a la comunidad.
La introducción del documento enfatiza que se espera que las comunidades educativas actúen planificadamente frente a emergencias desencadenadas por situaciones que afectan seriamente el funcionamiento de los espacios educativos. Las orientaciones se centran en la comisión o tentativa de hechos delictivos como homicidios, riñas o enfrentamientos entre grandes grupos de individuos, y agresiones armadas o de otro tipo, así como amenazas de muerte o a la integridad física que pongan en riesgo a la comunidad educativa.
En concreto, el texto señala que
“las orientaciones dispuestas refieren a la comisión o tentativa de hechos delictivos como homicidios, riñas o enfrentamientos entre grandes grupos de individuos, y agresiones armadas (o de otro tipo), amenazas de muerte o a la integridad física que pongan en riesgo a la comunidad educativa”.
Esto, según se detalla a continuación, implica situaciones que cumplan requisitos como ser detectadas en el momento en que están ocurriendo, que constituyen hechos penados por la ley o que causen o tengan muchas probabilidades de causar la muerte, lesiones físicas graves o bien, una reacción colectiva de temor entre la comunidad, entre otras.
Controversias en la responsabilidad de la seguridad
Diversas voces especializadas en Educación señalan que este tipo de protocolos plantea la incertidumbre acerca de quiénes deben ser los “encargados” de tomar medidas que garanticen la seguridad de los alumnos. El Estado es quien debe cumplir su función para que el derecho a la educación no esté a merced del crimen, de ahí que la “protocolización” de la vida escolar resulte insuficiente.
Para Daniel Rodríguez, líder ejecutivo de Acción Educar, el tema radica en saber “si el Estado permitirá que bandas delictivas dicten la operación de servicios y derechos como la educación. En este sentido, la declaración de la Ministra Tohá fue enfática y positiva”.
Sin embargo, enfatiza que “lo preocupante en la respuesta del ministro Ávila es que parece proponer que las escuelas se adapten a la situación. Esto implica que el Estado está renunciando a proteger a sus ciudadanos y reconoce que el derecho a la educación está a merced de la voluntad delictiva. La interrupción de las clases no es grave en sí misma, sino que refleja la ineficacia del Estado”.
Por su parte, Jaime Retamal, experto en políticas públicas y educación de la Universidad de Santiago, sostuvo a Emol que en este escenario, donde diversos problemas afectan al sistema escolar y generan miedo en las escuelas por la violencia, “las autoridades educativas tienen el mandato de comprender su responsabilidad como Estado, que es otorgado por toda la ciudadanía”.
“Resulta muy cómodo no cumplir con esa específica responsabilidad de Estado y dejar a las familias y al cuerpo de profesores con un algoritmo de acciones, un protocolo, que ellos deben cumplir; es decir, desentenderse del tema de la violencia y dejarles toda la responsabilidad a las familias y sus comunidades”, Concluyó Retamal.
