En una columna reciente, el abogado y columnista Carlos Peña hizo referencia a la ministra del Interior, Carolina Tohá, diciendo que ella “realmente está gobernando hoy”. Esta declaración causó molestia en la ministra, quien respondió en una entrevista con Tele13 Radio, diciendo que no tenía ninguna mala intención, pero que la afirmación generó “suspicacias y lecturas que no son correctas“.
Tohá también subrayó que, como ministros, su trabajo es colaborar con el presidente, y que su papel no es suplantarlo, sino cumplir con su propio rol. Peña respondió a la molestia de la ministra en una contrarréplica, cuestionando los límites de la prensa en la evaluación de la gestión gubernamental.
Según Peña, “una de las tareas de la prensa, y de quienes se desempeñan en ella, consiste en indagar y a la luz de la información disponible evaluar, el quehacer de quienes se desempeñan en el estado”.
Él argumentó que esto es importante porque quienes están a cargo del Estado tienen el máximo poder, entregándoles el manejo del monopolio de la fuerza, la facultad de legislar y la administración del Estado. En su opinión “es necesario que la prensa sea libre para evaluar y cuestionar el trabajo del gobierno.”
Peña señaló que la autoridad estatal posee un enorme poder que establece una asimetría con los ciudadanos de a pie y que la prensa, al ejercer su función, no tiene otro límite que la legalidad vigente.
“La falta de respeto a la autoridad por medio del discurso simplemente no existe”, afirma Peña,
El abogado se refirió a que el respeto supondría establecer una invisible inmunidad de las autoridades a la hora de evaluar su papel. Es por ello que no es admisible que se pida a la prensa que se tenga miramientos, veneración o acatamiento a la autoridad pública, ya que eso limitaría su tarea de evaluar y controlar la autoridad del Estado. La contribución de la prensa en este sentido es fundamental para disminuir, aunque sea en parte, la asimetría que existe entre la autoridad y los ciudadanos.
El columnista argumentó que en una democracia, los ciudadanos tienen el deber de cumplir la ley, pero no están obligados a mostrar respeto hacia las autoridades públicas, incluyendo al Presidente de la República, cuando se evalúa su desempeño.
“Lo que no puede ocurrir es que la autoridad, o las fuerzas políticas que la apoyan, demanden respeto como una forma de eludir el debate y establecer límites invisibles a la hora de llevarlo adelante”. Sentenció el abogado
