“Es la peor expresión del abuso”: Ministro de justicia se refiere al tráfico de horas de funcionario del Registro Civil
El objetivo de la acción era conseguir todos los números de atención disponibles para luego transarlas en el mercado informal.
El día martes se dio a conocer, a través de un informe emitido por Canal 13, un posible “comercio de horas” llevado a cabo por un empleado de la sede de Huérfanos del Registro Civil, ubicado en Santiago Centro. Como resultado, el director nacional de la institución, Omar Morales, presentó una denuncia el 23 de febrero en contra del funcionario acusado de distribuir números ilegalmente, a quien se le imputan los delitos de cohecho y fraude.
El ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, habló sobre el asunto que afecta al Registro Civil -servicio a cargo de su ministerio- y afirmó que este tipo de prácticas son “la forma más atroz de explotación”.
Cordero explicó en una entrevista con Radio Concierto:
“Se está haciendo un gran esfuerzo para abordar los retrasos en la actualización de la identificación de las personas, como la renovación de sus cédulas de identidad, pasaportes, entre otros. Pero todas estas gestiones son echadas a perder por este tipo de situaciones que destruyen gran parte del trabajo realizado por directivos y empleados del Registro Civil. De alguna forma, esto es la forma más atroz de explotación a la que se pueden someter los ciudadanos”.
Según el reportaje de Canal 13, los individuos ubicados fuera del servicio que colaboraban con el empleado acusado del delito, cobraban unos 70 mil pesos por proporcionar números y permitir a los usuarios saltarse la fila.
Las respuestas
Al preguntarle si se repetía esta situación en otras dependencias del Registro Civil, Cordero informó que había investigaciones en curso desde septiembre del año pasado para indagar sobre tales hechos, pero que todavía no sabían la “magnitud” del problema.
“Las personas identificadas en esas investigaciones están siendo sometidas a procedimientos sumarios, pero aún no conocemos la verdadera magnitud del asunto. Debemos ser cuidadosos al respecto debido a la forma en que se están llevando a cabo las investigaciones. Las querellas presentadas son amplias, acusando cohecho y fraude”, explicó Cordero.
Sin embargo, el Secretario de Estado reconoció que el hecho en cuestión demuestra la existencia de “ciertas organizaciones” que operan al margen de los funcionarios, quienes a menudo les dan su visto bueno para cometer delitos.
Más tarde, se le consultó a la Ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la denuncia y reconoció que se trata de una “situación muy grave”.
“Es corrupción en toda la línea porque no se trata solo de la extracción de recursos, sino también de negar el derecho de las personas a ser atendidas oportunamente, dando prioridad a aquellos que pagan a un funcionario para obtener una ventaja en la atención”, señaló la Secretaria de Estado.
Agregó que este caso es “el ADN de la corrupción pública, un ataque a la probidad pública que perjudica directamente a la población. Deberá ser investigado administrativa y penalmente, y veremos los resultados de esas investigaciones, esperamos que se impongan las sanciones más severas posibles”.
