De acuerdo a lo informado por la Unidad de Análisis y Diagnóstico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las regiones de Biobío y La Araucanía tienen 92 siniestros intencionales de un total de 224 investigados, lo que significa que entre ambas regiones un 41,2% de estos tiene una causa dolosa, considerando desde julio de 2022 hasta la fecha.
Especificamente, en La Araucanía se los incendios intencionados llegan a un 42,2% y en Biobío el porcentaje es de 37,2% Estos porcentajes son abiertamente más elevados a los del resto del país, los que según Conaf, alcanzan hasta el día de hoy a un 24%
Los últimos incendios forestales ya han consumido 451 mil hectáreas, de las cuales 348 mil se han concentrado en las regiones de La Araucanía, Ñuble y Biobío. Y, durante estos últimos siniestros, de los 303 incendios investigados, 108 (un 35%) tuvieron un origen intencional.
Como comunicaron desde Conaf: “Existe una concentración de incendios intencionales en territorios donde la principal cobertura vegetacional se relaciona a plantaciones forestales, particularmente entre las regiones de Ñuble a La Araucanía. Ello puede ser la razón, que al analizar la información de Sidco en forma separada, las empresas forestales o algunas regiones tengan mayor proporción de incendios con estimación de causa intencional”.
La intencionalidad y la postura del Gobierno
Bulladas fueron las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes al decir que no había claridad sobre el origen de los incendios.
Luego de conocerse algunas investigaciones y de las constantes intervenciones de Rodrigo Díaz, gobernador de Biobío que ha dicho en incontables oportunidades que tiene evidencias sobre la intencionalidad de muchos incendios, Montes reformó su postura y agregó: “Como ya he señalado, no descartamos la posibilidad de intencionalidad en los incendios forestales, pero también hemos remarcado que lo importante es que las causas se determinen a través de las investigaciones que corresponden por parte de las policías y el Ministerio Público, e instamos a que estas investigaciones se realicen con la máxima celeridad posible. Eso es lo responsable”.
La ministra de Interior, Carolina Tohá ya había comunicado unos pocos días antes del comunicado de la Conaf, que un 25% de los incendios era intencional. Cifra que correspondería al porcentaje nacional.
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, llamó a “tener cuidado” con el concepto presente en la discusión pública de aquel que está tipificado jurídicamente:
“Hay que tener cuidado, porque desde el punto de vista legal, el concepto intencionalidad es un concepto que está focalizado jurídicamente en la discusión dolosa del incendio, es decir, con el fin concreto y específico de provocar un incendio y por eso las distinciones de pena en el sistema institucional chileno -con las decisiones que el propio Congreso tomó en 2013- son diferente. Entonces hay que distinguir aquello que está en el debate público de aquello que corresponde jurídicamente”.
Y agregó que es importante hacer la distinción porque, entre otras cosas, cuando la fiscalía indaga este tipo de delitos “tiene un efecto en la pena y por lo tanto en el tipo de investigación que es bien distinta”.
