Dos documentos para defender siete de los 13 indultos particulares entregados a fines de 2022 fue lo que ingresó el gobierno al Tribunal Constitucional, entre los cuales la UDI junto a Demócratas busca impugnar el del ex frentista Jorge Mateluna y Luis Castillo.
Por Luis Castillo, quien tiene un amplio prontuario previo antes del Estallido Social, el presidente Gabriel Boric junto al Ministro de Justicia, Luis Cordero, ingresaron cinco capítulos, en los cuales “buscan responder a cada una de las alegaciones que realizan los requirentes”.
Asimismo, acusaron que la “falta de fundamentación” y la “desviación de poder” que invocan los parlamentarios opositores “constituyen cuestionamientos de legalidad y no de constitucionalidad”.
“El acto administrativo consideró el caso como uno calificado, según señala expresamente el considerando tercero y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º de la ley Nº 18.050, con objeto de reestablecer la paz social en el marco del pasado estallido social y la consecuente crisis política e institucional”, explicaron.
Además, sostienen que “los hechos de violencia y violaciones de Derechos Humanos son el antecedente para que la autoridad considerara la necesidad de adoptar acciones extraordinarias para propender a la cohesión social y el reencuentro nacional, según se dispone explícitamente en los considerandos del acto administrativo en análisis”.
“En particular, la decisión fue fundada en una serie de antecedentes de hecho, principalmente en que los delitos se cometieron en el contexto del estallido social, siendo realizados en el marco de manifestaciones públicas masivas con un alto nivel de conflictividad social que supuso una crisis política e institucional, haciendo necesarias acciones extraordinarias por parte de la autoridad; además que el solicitante cuenta con apoyo de sus padres, quienes le brindarían un espacio físico ante una eventual salida, según señala su informe social; el interés que manifestó por regularizar su situación educacional, habiéndose aprobado su incorporación al proceso de nivelación de estudios, que participaba del grupo que rendía evaluaciones y que había recibido material de estudio para la preparación de exámenes”, complementó.
En el texto, el jefe de Estado y el ministro recordaron que la facultad de indultar es una atribución presidencial y que entregar este beneficio “en ningún caso implica impunidad para el condenado”.
“Aun cuando un indulto pueda extinguir la responsabilidad penal del beneficiario, en ningún caso le quita la calidad de condenado, de acuerdo al propio texto del Código Penal”, zanjaron.
La justificación para el indulto de Jorge Mateluna
En el caso de Jorge Mateluna, indultado en una primera oportunidad bajo el gobierno de Ricardo Lagos, La Moneda aseguró que el beneficio entregado al ex frentista “no supone una intromisión en el ejercicio de la facultad jurisdiccional por parte del Poder Judicial, pues es una atribución que se otorgó existiendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, reconociendo la existencia de un delito y su calidad de condenado, tal como exige el ordenamiento jurídico”.
Según El Mercurio, el texto donde el Gobierno defiende este caso específico indicó que “el decreto supremo que otorga el indulto al señor Mateluna sí persigue un fin determinado, esto es, su reinserción social”.
Mateluna fue condenado en 2012 a 19 años de cárcel por un asalto ocurrido el 17 de junio de 2013 en una sucursal de Banco Santander en Pudahuel, donde no hubo heridos.
