Farmacias populares: La trama que complica a Daniel Jadue

El Ministerio Público investiga la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP), que se encuentra en proceso de liquidación por la presunta deuda de más de $ 1.200 millones que mantiene la asociación con una empresa comerciante de mascarillas y otros insumos médicos, reveló un reportaje de T13. 

Entre los protagonistas de esta investigación están Matías Muñoz, ex funcionario de la municipalidad de Recoleta, quien hizo de intermediario entre proveedores de insumos de salud y la ACHIFARP, de la que fue Secretario Ejecutivo.

Otro es César Ramírez, vendedor de la empresa de insumos médicos Best Quality SPA, quien cuenta que conoció a Matías Muñoz cuando este era dueño de la empresa Induscorp, del mismo rubro. Ramírez dice que Muñoz le ofreció hacer tratos directos con la municipalidad de Recoleta para ser proveedor de la Asociación de Farmacias Populares, donde Daniel Jadue era presidente y a la que pertenecieron más de 90 municipios.

Ramírez señala que Muñoz cobraba una comisión por vender insumos a la ACHIFARP, mientras este era parte de la directiva que elegía a quien comprar dichos pertrechos, asunto que es investigado por la Fiscalía.

El otro es el acalde de Recoleta, Daniel Jadue, impulsor de las farmacias populares.

La acusación contra Daniel Jadue

El vendedor de Best Quality señaló que Muñoz concertó una reunión junto al alcalde de Recoleta en su oficina municipal, donde Jadue le habría pedido una bonificación por las ventas, la que según Ramírez fue entregada en dos partes: una a la ACHIFARP y la otra al Partido Comunista de la comuna.

El reportaje muestra una conversación por WhatsApp entre Muñoz y Ramírez donde se concertaría la reunión.

Además, el chofer del camión que supuestamente transportó los insumos hasta la sede del PC en Recoleta, quien asegura que la acusación sería efectiva. Toda la operación habría sido coordinada por Muñoz. 

Según el trabajador de Best Quality, la bonificación entregada en forma de insumos ascendería a 20 millones de pesos, cifra que habría sido pedida por Muñoz.

Ante estas acusaciones, el abogado de Jadue y  Muñoz, aseguró que la acusación es falsa y que dicha reunión entre los vendedores y el edil jamás existió. “Ellos tienen una conversación con Matías Muñoz, donde hablan un tema puntual, pero no hay un contexto”, dijo.

“El alcalde en ningún momento se reunió con ellos, en ningún momento pidió ningún tipo de bonificación y lo que acá tenemos es una utilización del sistema penal para buscar presionar a la gente de la ACHIFARP y que efectivamente le paguen los montos, que consideramos absolutamente irrisorios y lucrar con los que fue la pandemia con los vecinos de esa comuna”, afirmó.