Fin a las Isapres: ¿Cómo quedó el derecho a la salud en el borrador de la nueva Constitución?

El pleno de la Convención Constitucional definió qué tipo de instituciones conformarían el Sistema Nacional de Salud, integrando a prestadores públicos y privados.

El articulado aprobado por 2/3 crea un Sistema Nacional de Salud (SNS). Sobre este nuevo modelo hay algunas cosas claras respecto de los cambios que tendrá el sistema en caso de que se apruebe la propuesta de nueva Constitución, pero también quedan varias dudas y vacíos que tendrá que definir la ley.

Previamente se había aprobado que las cotizaciones de los trabajadores que van actualmente a Fonasa o a una Isapre solo podrán “aportar solidariamente al financiamiento” del Sistema Nacional de Salud y que no existirá libertad de elección en este ítem, dado que estos fondos serán administrados por un órgano público determinado por la ley.

Según Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la Convención, esto significa que el nuevo sistema funcionará “tal como pasó en la pandemia, que prestadores públicos y privados trabajaron de forma organizada e integrada”.

La respuesta de la Asociación de Isapres

Tras esto, la Asociación de Isapres de Chile emitió un comunicado acusando que el sistema único y estatal de aseguramiento de la salud “impide el aporte de Isapres en la seguridad social”.

“Más de 3 millones de afiliados a Isapre serán traspasados al Fonasa. Se terminarán sus planes de salud, el modelo de atención que han conocido, y solo optarán a lo que ofrezca el seguro público, en medio de una total incertidumbre sobre cómo se desarrollará esta transformación“, afirmaron, señalando que “esto es más delicado aún en el caso de los 400 mil pacientes oncológicos, crónicos y adultos mayores que cotizan en Isapre”.

Desde las Isapres aseguraron que “los convencionales están proponiendo un sistema monopólico estatal, que elimina la libertad de elegir, cuando es el sistema público el que requiere mejoras significativas en el acceso y oportunidad, con falta de médicos e infraestructura para resolver las necesidades de más de 2,3 millones de personas en listas de espera. Pensar en aumentar la carga de afiliados es un salto al vacío para las personas”, añadieron.

Junto con ello, cuestionaron que eliminar las isapres implica costos para el Estado y que el 7% de las cotizaciones no serían suficientes para financiar las atenciones de los afiliados a isapre, por lo que el traspaso a Fonasa significaría un desembolso fiscal adicional.

“El impedir que entidades privadas expertas participen en la seguridad social, intermediando convenios que faciliten a las personas atender sus enfermedades, implica un deterioro de los servicios para los usuarios. Se ha difundido la idea de que las Isapres pasarán a ser seguros complementarios para mejorar lo que ofrecerá Fonasa“, agregaron y apuntaron que el terminar con las isapres “no mejorará a Fonasa, muy por el contrario”.

Además, a su juicio, “la propuesta de la Convención Constitucional no ha puesto el foco en las personas, sino en desmantelar el sistema privado, con graves consecuencias para todos los usuarios”.