La administración de Sebastián Piñera dejó un “legado sombrío en materia de derechos humanos”, sostiene el informe anual de DD.HH. de Amnistía Internacional.
La ONG lanzó desde su sede en Londres su reporte sobre el panorama mundial y en el capítulo de Chile destacó “no hay avances en materia de derechos humanos, justicia y reparación” desde la crisis social de 2019.
“Instituciones como la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, que dependían del anterior gobierno (…), cometieron graves violaciones de derechos humanos y la administración no priorizó ni entregó todos los recursos que se requerían ante tan grave crisis”, dijo el director de Amnistía Internacional Rodrigo Bustos a EFE.
Además, el texto aseveró que “el nuevo gobierno de Gabriel Boric debe avanzar hacia un plan integral de reparación para todas las víctimas, en la reforma estructural a Carabineros y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que estos hechos tan brutales no vuelvan a ocurrir nunca más”.
En conversación con Ahora en Duna, bustos señaló que “esperamos que tanto el nuevo gobierno como el parlamento estén a la altura en la defensa de los derechos humanos”.
Asimismo aseveró que “hemos visto con buenos ojos el retiro de las querellas por Ley Seguridad Interior del Estado, también la firma de Escazú (…) pero son muchas las deudas que están pendientes del Estado, por lo que estaremos vigilantes”.
La necesidad de una reforma a Carabineros
El director en Chile de AI destacó que durante la administración de Piñera las violaciones a los DD.HH. fueron “graves y generalizadas”, pero detalló que durante las dos semanas del nuevo Gobierno de Gabriel Boric, también “se han encontrado casos y denuncias” de este tipo.
“Es por eso que hoy día instamos a las autoridades a avanzar urgentemente en una profunda reforma a Carabineros”, expresó.
Busto se refirió al episodio del pasado viernes, cuando un estudiante resultó herido por un disparo de un carabinero durante la primera gran marcha de reivindicación universitaria desde que asumió Boric, quien exigió a la institución abrir una investigación.
Tras esta situación, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que la reforma policial será uno de los “grandes desafíos” del mandato y afirmó que “nada justifica que se utilice un arma en contra de una persona, y menos alguien que está en su legítimo derecho a manifestarse”.
