“Cárcel para Piñera” es la iniciativa aprobada en la Comisión de Justicia de la Convención Constituyente, que responsabiliza al actual Mandatario en materia política y penal por las violaciones a los Derechos Humanos en el marco del estallido social.
La iniciativa fue aprobada por 10 votos a favor, 8 en contra y una abstención y ahora deberá pasar a la votación en particular.
La votación fue la siguiente:
A favor: Daniel Bravo (Lista del Pueblo), Mauricio Daza (Ind.), Hugo Gutiérrez (PC), Vanessa Hoppe (PC), Luis Jiménez (escaño reservado pueblo Aymara), Natividad Llanquileo (escaño reservado pueblo Mapuche), Manuela Royo (Partido Igualdad), Daniel Stingo (RD), Ingrid Villena (Lista del Pueblo) y Manuel Woldarsky (Lista del Pueblo).
En contra: Carol Bown (UDI), Ruggero Cozzi (RN), Andrés Cruz (PS), Ruth Hurtado (RN), Patricia Labra (RN), Tomás Laibe (PS), Rodrigo Logan (Ind.) y Luis Mayol (RN).
Abstención: Christian Viera (DC).
¿En qué consiste la iniciativa “Cárcel para Piñera”?
La medida ingresada por Mauricio Menéndez, uno de los fundadores de La Lista del Pueblo, sostiene que “se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal, más de 500 casos de trauma ocular y más de 50 muertes a causa de la violencia estatal. El único responsable es Sebastián Piñera Echenique, quien hasta el momento ha actuado en plena impunidad”.
“A esto también se suman dentro de su periodo el escándalo derivado de los Pandora Papers y las revelaciones sobre el proyecto minero Dominga“, sostiene el escrito.
El texto agrega que “Sebastián Piñera tiene responsabilidad política y penal, como Presidente de la República. Tiene que responder ante los tribunales que sean necesarios, tanto nacionales como internacionales, por la violación sistemática a los derechos humanos de miles de compatriotas chilenos. No solo por el afán de buscar justicia sino también imprimir memoria en la mente y corazones de los futuros ciudadanos, quienes no quieren otro Presidente corrupto y cruel como el actual“.
Debido a esto, se exige que la próxima Constitución debe contemplar “la garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un Presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo mutilándolo, torturándolo y asesinándolo”.
