La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó su primer informe sobre Chile en casi 40 años, el cual está enfocado en los tratos, torturas, uso desproporcionado de la fuerza y abusos sexuales que sufrieron personas manifestantes durante el estallido social.
En el documento el ente pidió que Chile de una reparación integral a las víctimas de violaciones a los DD.HH. luego del 18 de octubre de 2019.
“La Comisión observa que, entre las graves violaciones observadas, se destacan violaciones al derecho a la vida (art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, CADH), a la integridad personal (art. 5 de la CADH), y a la libertad de las personas manifestantes (arts. 7 y 13 de la CADH), así como otras situaciones que pusieron en riesgo la protesta social”, señaló el documento de cerca de 110 páginas.
Entre los puntos más destacados se habla sobre el persistente “uso desproporcionado de la fuerza”, el cual fue utilizado en diversas oportunidades como respuesta del Estado frente a las movilizaciones del 2019, lo que terminó con un gran número de personas lesionadas y daños oculares.
“En particular, se documentó un uso innecesario y desproporcionado de armamento potencialmente letal en el contexto de manifestaciones pacíficas, incluyendo el empleo de escopetas antidisturbios; perdigones o balas de goma; y de agentes químicos tales como gas lacrimógeno, granadas de humo y cañones lanza aguas”.
En este punto agrega que la fuerza potencialmente letal “no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad. Solo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza”.
Dialogo nacional
Por otro lado, también destacó el proceso constituyente surgido de esta situación como una “oportunidad única” y un “paso histórico” para dar una “respuesta democrática ante la crisis social, a través del diálogo nacional”.
“Las medidas avanzadas por el Estado para dar cuenta de los reclamos de la sociedad en el marco del estallido social”, como la Convención Constitucional con el que “el Estado de Chile y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de pleno goce de todos los derechos para todas las personas”.
También destacó que el país “cuenta con un sistema democrático y un Estado de Derecho con una sólida institucionalidad”.
