“Homicidio por omisión”, “charlatanería” y “crimen de lesa humanidad” son parte de los 11 cargos por los que sería imputado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras la indagación de la Comisión Investigadora Parlamentaria (CPI) por presuntos actos “criminales” del gobierno durante la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, debido a las diferencias entre los miembros del grupo y la necesidad de más tiempo para debatir el contenido del informe final, el Senado de Brasil anunció el aplazamiento del martes al miércoles del informe.
Los senadores querían más tiempo para debatir ese contenido del informe de un millar de páginas y será “leído el miércoles por el miembro relator Renan Calheiros”, dijo en Twitter el presidente de la CPI, Omar Aziz. La votación del informe, que estaba prevista inicialmente para el miércoles, se realizará la semana próxima, el 26 de octubre, añadió.
Según TV Globo el informe final de la CPI debería pedir la acusación de Bolsonaro por delitos en la conducción de la pandemia. Además, los hijos del presidente, ministros y ex ministros, funcionarios y e xfuncionarios del gobierno, diputados y médicos también deben ser considerados responsables. En total, debe proponer que se impute a 63 personas.
Durante la investigación, los senadores conversaron con 59 personas como invitados, testigos o investigados. En seis meses de trabajo, asesores del Senado, policías federales, auditores de la Hacienda Federal y del Tribunal Federal de Cuentas ayudaron a analizar datos tributarios, bancarios y telefónicos, mensajes incautados en teléfonos celulares, correos electrónicos, telegramas diplomáticos, contratos y miles más de documentos de dominio público y confidenciales.
En el informe de más de 1.000 páginas, Calheiros debe sostener que el gobierno mantuvo un gabinete paralelo para apoyar las medidas de salud frente a las evidencias científicas; trabajó con la intención de inmunizar a la población a través de la contaminación natural, la llamada inmunización de rebaño; priorizó el tratamiento temprano sin eficacia probada; actuó contra la adopción de medidas no farmacológicas, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, y actuó deliberadamente para retrasar la compra de vacunas.
En el caso del Bolsonaro, tan solo la Oficina del Fiscal General (PGR) tiene la potestad de perseguir acciones legales contra el presidente de Brasil.
El mandatario, que tiene cinco investigaciones abiertas en el Supremo Tribunal Federal (STF) y en la justicia electoral, suele decir que la CPI es una “payasada” y niega las acusaciones en su contra. Por el momento, Bolsonaro está protegido por dos aliados clave: el fiscal general, Augusto Aras, y el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
