Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera: Los argumentos y las críticas

Hoy temprano 16 diputados de oposición presentaron una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera después de la publicación Pandora Papers, que reveló datos financieros en paraísos fiscales y se conoció sobre datos no sabidos del proyecto Dominga.

Los que firmaron fueron: Marcelo Díaz (Unir), Félix González (PEV), Marcela Hernando (PR), Tomás Hirsch (AH), Pamela Jiles (PH), Claudia Mix (Comunes), Daniel Núñez (PC), Emilia Nuyado (PS), Andrea Parra (PPD), Catalina Pérez (RD), Juan Santana (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gabriel Silber (DC), Pablo Vidal (NT), Gonzalo Winter (CS).

Poco después se realizó el sorteo con los diputados que formarán la comisión para revisar dicha acusación, quienes serán Raúl Florcita Alarcón (PH), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.-RN).

Esta comisión deberá escuchar a quienes impulsan la acusación, así como a la defensa del presidente y su informe será una recomendación para cuando la sala deba votar el libelo.

En el caso de que la acusación sea visada por ambas cámaras -por mayoría en la Cámara Baja y 2/3 en Senado-  el presidente deberá dejar su cargo y quedará con la inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.

La acusación

Esta es la segunda vez que el presidente Sebastián Piñera es acusado constitucionalmente y surgió luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en Chile participó Ciper y LaBot, diera cuenta de una millonaria compraventa de la minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas realizada entre la familia del Presidente y Carlos Alberto Délano.

Además de que la tercera cuota a pagar por la familia Piñera Morel estaba condicionada a que el sector no se declarara zona de exclusión. Antecedente que llevó a los parlamentarios del bloque opositor a impulsar esta acción constitucional, y al Ministerio Público a abrir oficio de investigación del caso.

Como expresó el diputado Jaime Naranjo: “En nuestro país felizmente hay Estado de derecho y las instituciones están funcionando. El Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público están haciendo su trabajo, y también nosotros como Cámara y ente fiscalizador. (…) El Presidente, quien debe dar el ejemplo, atenta contra la imagen del país. Nos causa dolor y pena que Chile viva esta situación por culpa del Presidente de la República”.

El documento acusatorio tiene 99 páginas y se divide en la vulneración al “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” y por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.

Como se lee en el texto: “el Presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19 n°8 de la Constitución Política de la República”, esto es, que cometió “actos de su administración que vulneran el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación”.

La respuesta del Gobierno

Luego de presentada la acusación, los ministros Juan José Ossa y Jaime Bellolio se refirieron al respecto. Por su parte, Ossa expresó: “No nos sorprende este apuro, este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional”.

Agregando: “No había visto un trabajo jurídico tan poco serio”.

Bellolio también comentó: “Esperamos que los parlamentarios que creen en la democracia no se plieguen a este clima de inestabilidad. Los presidentes son elegidos por mandato popular, y su mandato termina después de cuatro años, no cuando un grupo de parlamentarios de ultraizquierda quiere”.

Concluyendo: “Cambia el escenario porque estamos frente a un golpe blanco. Es obvio que quieren modificar el resultado de las elecciones democráticas y no quieren un traspaso de mando democrático y republicano como corresponde el 11 de marzo”.