Cronología del proyecto Dominga y cómo continúa el proceso
Fue presentado en 2013 y ya había sido rechazado en varias oportunidades, pero la empresa recurrió a la judicialización, por lo que la discusión se ha extendido. En su paso han salido ministros del gobierno y se han creado agrupaciones en contra.
Dominga es un proyecto minero y portuario que pretende ubicarse en la zona costera de la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo. Este contempla dos minas a cielo abierto que buscan extraer y procesar dos minerales: hierro y cobre, además de la construcción de un puerto en Totoralillo Norte.
Se trata de una inversión cercana a los 2.500 millones de dólares por parte de la empresa Andes Iron (controlada por la familia Délano), con un megapuerto en el Archipiélago Humboldt, un conjunto de ocho islas e islotes que han sido reconocidos de forma nacional e internacional como uno de los ecosistemas más ricos del mundo.
Primera presentación
Este proyecto fue presentado en septiembre de 2013 para ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Los cuatro años siguientes se llevaron a cabo procesos de participación ciudadana, donde principalmente se pidió dar a conocer las acciones sobre la protección de la biodiversidad en áreas como la “Reserva Nacional Pingüino de Humboldt”, “Reserva Marina Isla Choros-Damas”, la “Reserva Marina Punta de Choros” y “Punta Teatinos hasta Quebrada Honda.
Rechazo
Ya en 2017, el informe final de la Evaluación de Impacto Ambiental estaba hecho, pero se encontraba en una serie de cuestionamientos que acusaban “deficiencias técnicas”, por lo que en marzo de ese año fue rechazado por los seremis de Salud, Desarrollo Social, Transporte y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía y el intendente de ese entonces Claudio Ibáñez.
Aquí se argumentó que el proyecto era una amenaza para las reservas marinas y no tenía mitigaciones suficientes, entre otros.
Ante esto, Andes Iron recurrió al Comité de Ministros para revertir el rechazo, aunque este confirmó la decisión tomada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva) el 21 de agosto.
Esta decisión provocó la renuncia de los ministros de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, además del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, por las diferencias que hubo con el ejecutivo.
Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes
En ese entonces, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena y la presidenta Michelle Bachelet manifestaron su rechazo al proyecto: “es posible hacer crecer Chile con responsabilidad ambiental”, comentó la mandataria en ese entonces.
Andes Iron llevó el caso hasta el Tribunal Ambiental de Antofagasta con un recurso de reclamación a fines de 2017, el que falló a su favor en abril de 2018, donde se ordenó una nueva votación.
Los opositores apelaron a la Corte Suprema y la respuesta llegó en septiembre de 2019, donde se obligó al Tribunal Ambiental de Antofagasta conocer y decidir sobre “el fondo”, es decir, los aspectos ambientales y técnicos que reclamaban diversas organizaciones ambientalistas.
Además, la Corte Suprema acusó vicios formales en el rechazo entregado por el Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, por lo que ordenaron revisar nuevamente el caso, alegatos que se llevaron a cabo en marzo de 2020 y la causa quedó “en estudio”.
En julio del mismo año 2020, el Tribunal anunció que ya había acuerdo respecto a la sentencia.
Para abril de este 2021 el Tribunal Ambiental acogió la reclamación a favor de Dominga, donde se anuló la decisión del Coeva y del Comité de Ministros, y ordenó una nueva votación “ajustada a derecho”, la que se realizó este 11 de agosto y en donde se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.
¿Qué viene ahora?
Según Ezio Costa, abogado de la Alianza de Humboldt y director ejecutivo de Fima, comentó en Emol que se abren dos escenarios paralelos:
“Nosotros presentamos un recurso de casación, y eso está pendiente en la Corte Suprema”, donde agregó que “si las cosas hubiesen sido normales, hubiésemos esperado que el recurso de casación, es decir, quién ganaba y quién perdía, y si es que se rechazan las casaciones, entonces después se habría hecho una votación como la de hoy día”.
Con este requerimiento las organizaciones buscan dejar sin efecto la resolución que emitió el Primer Tribunal de Antofagasta, el cual autorizó que se votara nuevamente el Estudio de Impacto Ambiental de Dominga. “No deberían llevarse a votación proyectos que están judicializados”, explicó.
Además, según comentó Marcelo Mena en Nada Personal, a este proyecto “le quedan al menos dos años de judicialización”.
