Casi siete mil millones de pesos son los que recibirán los familiares de las víctimas de la tragedia del Casa 212, ocurrida en septiembre de 2011 en la Isla de Juan Fernández.
Esta decisión fue la tomada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, como revocación al Tercer Juzgado Civil, quien había determinado un rechazo a las indemnizaciones por “lucro cesante y daño moral deducidas por familiares de las víctimas”, según informa el fallo del caso, publicado por BioBioChile.
Se determinó que “la suma tenga la aptitud de permitir a las víctimas superar –de ser posible– el daño causado, la que se estima en $150.000.000 para cada uno de los actores señalados”, es decir, $6.900.000.000 que serán repartidos entre 46 personas.
“Todos los montos antes indicados deberán ser pagados con los reajustes correspondientes a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y el día de su pago efectivo”, dictaminaron.
El fallo además precisó que los familiares de los fallecidos “han sufrido no sólo una aflicción y dolor, sino que igualmente es posible presumir que sus proyectos familiares se han visto fracturados o alterados de manera relevante”.
Para lo anterior se tomó en cuenta que “en las vidas de sus cónyuges o conviviente, hijos y padres, y los recuerdos que perderán aquellos hijos que por la edad en la que fallecieron sus padres no estaban en condiciones de atesorarlos, lo que con toda seguridad les ha representado y les representará a futuro un perjuicio extrapatrimonial que debe ser indemnizado, correspondiendo a esta Corte fijar el monto de la indemnización”.
Pablo Droppelmann Cuneo, presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y vocero de la causa manifestó que “la Corte descartó que tal accidente se produjera por un caso fortuito, estableciendo que la caída se produjo por la decisión voluntaria del piloto y la comandante de la nave de volar sin atender las condiciones meteorológicas”.
La nave voló “a baja altura, por el canal que separa a las islas Santa Clara y Robinson Crusoe, exponiendo a la nave innecesariamente a fuertes vientos que la llevaron a estrellarse en el mar”, agregó.
“La responsabilidad del Fisco de Chile se determinó porque se consideró que la Fuerza Aérea no veló de manera adecuada por la seguridad y desempeño sin riesgo en el vuelo”, sentenció Droppelmann.
Por otro lado, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Felipe Camiroaga, manifestó sentirse “conforme con la resolución de la Corte, que le devuelve justicia a estos lamentables hechos y que de alguna manera sirven para que cada uno de los afectados puedan reconstruir su vida”.
