Unos 19 muertos y cientos de heridos ha dejado una serie de incidentes y enfrentamientos entre la ciudadanía y la policía en Colombia.
Esta es una de las crisis sociales más importante del último tiempo en el país, donde la ciudadanía inició manifestaciones para que el gobierno de Iván Duque retirara el proyecto de reforma fiscal para subir los impuestos.
Debido a esta situación, el mandatario colombiano decidió bajar la iniciativa, mientras que el ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, renunció a su cargo.
“Mi continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios” para sacar adelante otro proyecto de reforma, manifestó el funcionario en su carta de renuncia a Duque.
En Hablemos en Off, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rigths Watch, sostuvo que “una de las cuestiones más graves es que el presidente Duque ha decidido reforzar el trabajo de la policía con el Ejército y eso es jugar con fuego. Es una irresponsabilidad muy grande”.
La polémica reforma fiscal
El 15 de abril de este año, Duque envió una reforma fiscal en la que se aumentaba el impuesto, con el que se castigaba a la clase media.
El proyecto buscaba cargar un impuesto sobre la renta a las personas que ganen más del equivalente de US$656 mensuales ($436.070), mientras que el salario mínimo es de us$248 ($175.000)
Actualmente, sólo aquellas personas que ganan más de mil dólares ($705.900) pagan impuestos.
Además, se incluía impuestos indirectos como el IVA, con lo que, por ejemplo, la gasolina pasaría del 5% al 19%.
Asimismo, el proyecto incluía un un impuesto a la riqueza para personas naturales, cuando su patrimonio líquido supere los 5.000 millones de pesos (1,3 millones de dólares).
El proyecto mandatario aspiraba recaudar unos US$6.300 millones entre 2022 y 2031 para rescatar la economía. En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo llegó al 16,8% en marzo.
Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza afecta al 42,5% de la población.
El estallido 2.0
Tras el anuncio, las personas salieron a marchar exigiendo al Ejecutivo que bajara el proyecto. En respuesta a los acontecimientos, el gobierno decidió interponer un fuerte contingente en Cali, con cerca de 3 mil policías y militares.
El ministro de Defensa, Diego Molano, denunció que los desmanes fueron orquestados por “organizaciones criminales”, entre las que se encuentran disidencias que se apartaron del pacto de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016.
“No son los marchantes pacíficos, no son los ciudadanos que no han marchado y que están en sus casas, son esos vándalos que se mimetizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC y del ELN los que buscan desestabilizar algunas regiones con propósitos particulares”, aseguró.
Este martes, la ONU denunció un “excesivo uso de la fuerza” durante la ola de protestas y pidió calma de cara a la convocatoria de manifestaciones para este 5 de mayo.
“Utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos”, afirmaron desde la ONU.
Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseveró que “estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”.
Las cifras
La Defensoría del Pueblo subió a 19 la cifra de muertos -18 civiles y un policía- y el Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas heridas, de las cuales 306 son civiles.
Las autoridades detuvieron además a 431 personas durante las movilizaciones y el Ejecutivo ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas.
La entidad registró también las quejas por presuntas desapariciones y trasladó un listado de 89 personas a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de las cuales dos ya aparecieron, consignó El Espectador.
Las personas que aún están desaparecidas se reportaron en ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá, Quindío, Cauca, y en Valle del Cauca.
Puedes revisar el análisis de Juan Paulo Iglesias en Duna en Punto sobre la situación en Colombia aquí:
