El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, siglas en inglés de Trans-Pacific Partnership) ha resurgido y sigue causando debate entre parlamentarios, políticos y personas que aprueban o rechazan el que Chile se suscriba a este tratado.
Algunos de los objetivos que busca el TPP11 es reforzar estándares de derecho al trabajo y derecho ambiental, establecer un marco común de propiedad intelectual y rebajar barreras comerciales, aunque también se acusa que afectaría la soberanía del país y en temas de desarrollo económico.
El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, defendió la necesidad de aprobarlo con diversos dichos que recogió BioBioChile, donde enfatizó que “la aprobación es algo necesario, muy importante, no podemos seguir perdiendo oportunidades para el país. Los argumentos que se han esgrimido en contra del tratado han sido desvirtuados en la discusión técnica, parece ser una suerte de objetivo político más que técnico”.
Esto fue parte de lo que aclaró:
Facultades con empresas:
“La campaña que se ha iniciado contra este tratado mezcla elementos de tergiversación y de equivocación. Se dice que el tratado impide que un futuro gobierno quisiera expropiar una empresa extranjera, eso es totalmente falso, las facultades para expropiar empresas se mantienen completamente inalterables”.
Normas ambientales y derecho al trabajo:
“Se dice que impide la dictación de normas ambientales o de materia de seguridad social o laborales, es igualmente falso. Todas las facultades regulatorias se mantienen intactas”.
Medicamentos y sus precios:
“Algunos señalan que el tratado afectaría el dictar normas para obtener una rebaja en el precio de los medicamentos es igualmente falso. De hecho Nueva Zelanda, que integra el tratado, tiene un sistema con los medicamentos más bajos del mundo”.
Constitución y tratados:
“El TPP 11 bajo ninguna circunstancia obliga a ninguna modificación legal en Chile. Lo que dice el artículo 135 actual de la Constitución no es si no la reafirmación de un principio de la política exterior chilena, que es el cumplimiento de los tratados suscritos”, y agregó que este “no incide en el proceso constitucional”.
Críticas al proyecto
El economista José Gabriel Palma calificó este proyecto de “mentiroso” en una columna de 2019 en Ciper donde acusa que este no sería un tratado de libre comercio, ya que este punto sería “irrelevante en la práctica para el Chile actual”, donde agrega que su principal objetivo “es reducir substancialmente nuestro rango de maniobra en una amplia gama de materias, y así dificultar al extremo la búsqueda de nuevas formas de autonomía nacional, y de estrategias alternativas de desarrollo”.
Otros de los puntos es que este no abriría horizontes en materias económicas, que no sería un acuerdo transparente y que los tribunales internacionales encargados de dirimir materias en controversia no serían independientes.
