Desde el pasado 18 de octubre, 460 personas resultaron con lesiones oculares producto de disparos de balines o lacrimógenas hechos por fuerzas de seguridad, según indica el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de ellos 35 resultaron con la pérdida de un ojo y dos quedaron ciegos. Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.
El pasado 26 de noviembre, Fabiola Campillai, se dirigía a su trabajo junto a su hermana, cuando un carabinero le disparó una bomba lacrimógena que le golpeó la cara. Esto le provocó no solo la pérdida de la visión, sino que también del olfato y el gusto.
“¿Qué les íbamos a hacer dos mujeres solas de un metro sesenta de estatura?”, se cuestiona hasta el día de hoy, según una entrevista en Cooperativa.
Ha pasado por diversas operaciones para reconstruirle el rostro, curar una lesión cerebral y ponerle una placa en la frente, además le quedan dos cirugías pendientes que permitan levantarle los párpados y ponerle prótesis oculares.
Los costos de éstas han corrido a cargo de la mutualidad como accidente laboral.
“Si no hubiese tenido ayuda a tiempo de mis vecinos, no estaría aquí”, y agrega que no ha recibido ayuda del Estado, ni llamadas del Gobierno o de la dirección de Carabineros.
“Más que órdenes directas, los carabineros se sintieron con el derecho a disparar a la cara” —sostiene—, “Ya no quiero que vengan, ya pasó su momento. Solo les pido que se sumen a la querella que interpuse y que se haga justicia”.
El caso de Fabiola y el de Gustavo dieron la vuelta al mundo como muestra de la brutalidad policial que se empleó en Chile para controlar las protestas contra el Gobierno y la desigualdad, los que fueron denunciados por la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las últimas decisiones
El 14 de agosto, tras un sumario interno realizado por Carabineros, se dio de baja a dos capitanes por no prestarle auxilio, pero no se reconoció el uso excesivo de la fuerza ni el incumplimiento de protocolos.
En paralelo se abrió una investigación penal que tuvo como uno de sus resultados la detención del ex capitán Patricio Maturana la noche de este jueves 27 de agosto, quien es imputado por causarle las lesiones graves a Fabiola. Eso al menos la ha “reconciliado con la justicia”.
“No es solo responsable el que me disparó, que sin duda tiene culpa, sino que acá había un piquete completo y había alguien que estaba al mando. Alguien tenía que haber puesto orden y no lo hizo”.
Fabiola Campillai, de 37 años, sostiene que las protestas volverán cuando pase la pandemia porque “no se le ha dado ninguna respuesta a las demandas sociales”, aunque ahora teme que su familia —que siempre ha visto desde lejos la convulsionada política chilena—, salga a marchar.
Por el momento se encuentra esperando para comenzar un curso de informática, con el fin de volver a reincorporarse al mundo laboral y también se está centrando en su hijo menor de 9 años, al que no quiere “educar en el rencor”.
“Nadie me va a devolver mis ojitos. Tenemos que tirar para adelante ‘ná’ más”.