Tras la aprobación del retiro del 10% de las AFP y la derrota política que significó para el Gobierno, existen otros proyectos que siguen en discusión.
Ley de apoyo a la clase media
El conocido bono de $500.000 y el préstamo estatal solidario será votado este lunes 27 en la Comisión de Hacienda del Senado.
Se presentó una indicación para que el piso de los ingresos formales que una persona debe registrar para poder acceder al bono y crédito blando baje de $500 mil a $400 mil, lo que ampliará el beneficio a 142 mil personas más.
Quienes aplican a estos servicios son personas con ingresos formales que previos a la crisis tuvieran remuneraciones entre $400 mil y $1.5 millones, las que tuvieran una caída en el 30% tras la pandemia, entre otros casos.
Entrega del IFE
La semana pasada, la Cámara de Diputados despachó este proyecto que simplifica la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Debe ser retomado el próximo lunes en la Comisión de Hacienda del Senado.
Esto busca aumentar la cantidad de beneficiados, debido a que elimina el requisito de vulnerabilidad y establece que solo estén en el Registro Social de Hogares, por lo que se incorporarán a 80 mil hogares.
Reactivación económica y liquidez para Pymes
Este proyecto estimula medidas tributarias para que Pymes y empresas generen una mayor liquidez, para así fomentar la reactivación económica. Tras su despacho en la Comisión de Hacienda del Senado el martes pasado, se debe votar de forma general y particular en la Sala.
Reforma de pensiones
Otra de las prioridades es la reforma estructural al sistema de pensiones, el cual necesita “una cirugía mayor”, según las palabras del Presiente Piñera.
Tras el 18 de octubre se fortaleció el Pilar Solidario, pero el resto de la iniciativa aún está en el Senado, la cual se ha retrasado debido a otros proyectos presentados por la pandemia.
En este ámbito se contempla el aumento de la cotización individual con cargo al empleador, la cual pasaría de un 10 al 16%. De ese 6% extra, una mitad sería administrado en una cuenta de capitalización individual por una “agencia pública” (no una AFP) y la otra mitad iría a un fondo previsional solidario.
Con este cambio, se debería garantizar una pensión por sobre la línea de la pobreza y para quienes lleven más de 30 años cotizando, una pensión igual o superior al salario mínimo.
La reforma previsional debería ser analizada el próximo miércoles por la Comisión de Trabajo del Senado.
