A 10 años del 27F: El terremoto que cambió la cultura chilena
Se conmemora una década desde el segundo mayor sismo registrado en Chile, que dejó más de 500 muertos y 2 millones de damnificados, además de un sinfín de aprendizajes para la sociedad chilena que en aquel momento no estaba lo suficientemente preparada para enfrentar una catástrofe de tal magnitud. ¿Cuáles han sido los avances sociales y tecnológicos desde el 27F?
El 27 de febrero de 2017, a las 3:34 de la madrugada, la zona central y sur de Chile fue sacudida por un mega terremoto de 8.8 en la escala sismológica de Richter, que desencadenó en un posterior tsunami en varias costas chilenas.
Hoy jueves se cumplen 10 años desde el segundo sismo más fuerte en la historia de nuestro país y uno de los diez más fuertes registrados en el mundo entero. En Chile, sólo es superado por el terremoto de Valdivia de 1960, cuya intensidad fue de 9.5 Richter.
Los números post 27F
Chile continental se encuentra sobre dos placas tectónicas en contacto: la de Nazca y de Sudamérica. Fue el choque de estas placas el que conllevó a un proceso de subducción que luego originó un violento movimiento del fondo marino para el que nadie estaba preparado.
El movimiento telúrico y posterior tsunami, que se extendió por 2 minutos y 45 segundos (y que parecieron mucho tiempo más), dejó 521 víctimas fatales, 52 desaparecidos y cerca de 2 millones de personas damnificadas, de acuerdo a cifras oficiales. A lo largo del país, el terremoto afectó a 230 comunas, dejó 370 mil hogares afectados, 133 hospitales y 6.168 establecimientos educacionales dañados, por lo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debió invertir $52.568 millones en reconstrucción.
La fallida alerta de Tsunami dejó 104 muertos y seis personas fueron imputadas: el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex jefe de turno Johazziel Jamett; el director del SHOA Mariano Rojas; y sus asesores Andrés Enríquez y Mario Andina.
Ninguno de ellos fue condenado debido a que en abril del 2016, la Corte de Apelaciones determinó la suspensión condicional del proceso, por lo que los imputados debieron pagar una indemnización de $235 millones en tres cuotas a los familiares de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010. En enero de 2017 la Corte de Apelaciones ratificó una condena que obligaba al Estado a pagar $ 1.840 millones a 74 familiares (de 20 víctimas) y a una víctima directa de la alarma fallida de tsunami.
La reestructuración de organismos
Hasta el 27 de febrero de 2010, el Centro Sismológico Nacional (CSN) no existía como tal, sino que como el Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, cuya organización y funcionamiento era radicalmente opuesto a lo actual.
En ese entonces, el SSN contaba con 14 funcionarios que solo monitoreaban la localización de los sismos y su magnitud solo en horario de oficina, por lo que al momento de la catástrofe no había expertos disponibles. Actualmente son un total de 52 trabajadores.
“Desde septiembre de 2010 y hasta hoy, el resguardo sísmico se comenzó a realizar de forma continua 24×7, con 168 horas a la semana”, comentaron a 24 Horas desde el SSN. “Al 2020 el CSN cuenta con una red de alrededor de 500 estaciones sísmicas, con instrumentos de última generación, que miden velocidad, aceleración o desplazamiento. Además son enérgicamente autónomas”, añadieron desde el organismo.
Sergio Barrientos, el director del Servicio Sismológico Nacional, afirmó que desde la institución han avanzado en planes de desarrollo ante este tipo de situaciones:
“Chile jamás había tenido una esta red de monitoreo como esta, se encuentra entre las más completas del mundo”, destacó, agregando que tras las modificaciones por el 27F, “el país ha hecho un trabajo extraordinario, estamos respondiendo bien respecto a la norma sísmica”.
Por su parte, el Centro de Alerta Temprana (CAT), perteneciente a la Onemi, tiene ahora un Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) que envía un mensaje a los celulares de las personas en caso de riesgos como tsunamis, sismos de mayor intensidad, incendios forestales o erupciones volcánicas. El texto es enviado automáticamente y no se ve afectado por problemas de señal o colapso en las redes, ya que utiliza otros canales de frecuencia.
“Su único límite es la cantidad máxima de caracteres, que es de 90, entonces el mensaje debe ser lo más claro posible”, explicó Miguel Ortiz, director del CAT, a La Tercera.
La transformación de la educación sísmica
Para generar una conciencia cívica y sísmica temprana, el Ministerio de Educación desarrolló una Política de Seguridad Escolar y Parvularia, cuyo eje central es “la formación sísmica de niños, niñas y adolescentes”, explicó Raimundo Larraín, jefe de la División de Educación General (DEG).
A partir del 2020, el Programa de Estudios de tercero medio incorpora en la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía un módulo denominado “Seguridad, Prevención y Autocuidado”, el cual tiene unidades sobre riesgos naturales y amenazas.
La reconstrucción del país
El 27F mostró que las catástrofes naturales no solo dañan edificaciones; demostró que la naturaleza puede destruir pueblos y ciudades, como ocurrió en los sectores costeros luego del tsunami. El terremoto reveló la fragilidad del país en materia sísmica, la poca cultura de la sociedad al respecto y la ineficacia de las autoridades nacionales para alertar sobre la catástrofe. La escena del edificio Alto Río, de Concepción, completamente derrumbado, el 2010 impresionaba a todo el país.
Sin embargo, las estructuras que tuvieron daños graves solo alcanzaron el 4% de la totalidad, cifra que según Peter Dechent, especialista del área de estructuras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, “nos permiten hablar de un gran éxito de la ingeniería sísmica chilena”.
“La infraestructura que se ajustaba a la norma sísmica vigente tuvo un rendimiento positivo. En la mayoría de los casos donde se reportaron daños severos se identificaron problemas en el diseño o malas prácticas constructivas”, explicó Gabriel Candia a La Tercera, investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN).
“Chile es el país más sísmico del mundo, sin embargo, podemos agradecer que estamos al final de la lista en número de muertos en grandes terremotos gracias a decisiones que comenzaron a tomarse alrededor del año 1910, después del terremoto de Valparaíso”, afirmó Rubén Boroschek, académico de la Universidad de Chile y gerente de RBA-Global, empresa que analiza, evalúa y diseña infraestructura para terremotos.
La nueva regulación
Un proceso de reconstrucción es una tarea de planificación y reorganización urbana, donde se requiere mejorar las leyes y planes con inversiones a largo plazo.
Hasta el año 2011, la construcción de edificios en Chile se regía por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre Diseño Sísmico de Edificios, aprobada en 1996 y modificada en 2009. El terremoto del 27 de febrero impulsó una renovación importante en esta normativa.
“Se aprobó el Decreto Supremo DS61, un documento técnico que modifica y complementa las disposiciones del Decreto Supremo 117 vigente en 2010. Este modifica los factores de seguridad y los estándares de diseño sísmico de los edificios, a partir de la información obtenida de los daños que ocasionó el sismo del 27F”, comentó Gabriel Candia.
Entre los cambios más destacables están: una mejor clasificación sísmica del tipo de suelo donde se emplazará la edificación, y espesores mínimos para los muros y un “confinamiento” de los extremos de los mismos en nuevas construcciones.
Otro desarrollo significativo en ingeniería sísmica es un proyecto que comenzó en 1996 pero no había sido replicado ampliamente hasta el 2010. Se trata de dos técnicas: el aislamiento sísmico y la disipación de energía. Para los edificios más “grandes y pesados”, explicó Juan Carlos De la Llera, decano de Ingeniería de la Universidad Católica, se prefiere la primera técnica, mientras que en aquellos más altos y “esbeltos” (edificios sobre 20-25 pisos), la segunda.
Con el aislamiento sísmico, en vez de conectar el edificio a las fundaciones rígidas, al suelo, se lo conecta con un elemento flexible. El suelo se mueve, pero el edificio se queda quieto.
En relación a la disipación de energía, el académico señala lo compara al sistema de amortiguamiento de los autos: “En el auto pones un nivel entre la carrocería y la rueda, un amortiguador. En un edificio hacemos exactamente lo mismo”.
El 27F confirmó el buen funcionamiento de estos sistemas en las construcciones que sí los tenían, entre los hospitales y muelles. Hasta entonces, nunca antes se habían probado estas técnicas en sismos de tan larga duración.
Matías del Río y Consuelo Saavedra conversaron en Hablemos en Off sobre dónde y cómo los encontró el 27F:
Escucha el relato de dos personas a las que les cambió la vida en el edificio Alto Río (Archivo):
Parte 1
Parte 2
A 9 años del 27F: El doloroso proceso post supervivencia a la caída del edificio Alto Río [Parte 2]
