Nueve años han pasado desde el segundo terremoto más fuerte en la historia de Chile. Este ocurrió a las 3:34 de la madrugada del sábado 27 de febrero y tuvo una magnitud de 8,8 ° en la escala Richter.
Este movimiento telúrico y el posterior tsunami dejó 523 víctimas fatales, y cerca de 2 millones de damnificados.
El terremoto a lo largo del país afectó a 233 comunas, dejó 370 mil viviendas afectadas, 133 hospitales y 6.168 establecimientos educacionales dañados, por lo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debió invertir $52.568 millones en reconstrucción.
Respecto de la fallida alerta de tsunami, que dejó 104 muertos, seis personas fueron imputadas: el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi Carmen Fernández; el ex jefe de turno Johazziel Jamett; el director del SHOA Mariano Rojas; y sus asesores Andrés Enríquez y Mario Andina.
Ninguno de estos responsables fue condenado debido a que la Corte de Apelaciones, en abril del 2016, determinó la suspensión condicional del proceso, por lo que los imputados debieron pagar una indemnización de $235 millonesen tres cuotas a los familiares de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010.
Además, en enero de 2017 la Corte de Apelaciones ratificó una condena que obligaba al Estado a pagar $ 1.840 millones a 74 familiares (de 20 víctimas)
El 20 de febrero de este año, la Corte de Suprema condenó al fisco a pagar $300 millones a los padres y hermanos de la víctima fallecida durante el tsunami de 2010 que afectó el Archipiélago de Juan Fernández.
El fallo de la Tercera sala del tribunal asegura que “queda en evidencia que el Estado de Chile incurrió en falta de servicio, debido a su actuar deficiente al no haber comunicado eficazmente la alerta de tsunami a los organismos de emergencia existentes en la isla Robinson Crusoe”.
Este miércoles, el presidente Sebastián Piñera, en el marco de su gira por todo el país, realizará un homenaje a las víctimas del terremoto en Dichato.
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