Un documento con 21 puntos fue el que presentó la organización global de víctimas de abuso Ending Clergy Abuse (ECA), tras quedar decepcionados por el poco avance con que finalizó la cumbre contra la pederastia realizada en el Vaticano.
Luego del encuentro que reunió a 190 líderes religiosos durante cuatro días, las asociaciones que defienden a las personas afectadas quedaron insatisfechas por la falta de medidas concretas presentadas por la Iglesia Católica.
Las demandas abarcadas por la ECA fueron divididas en tres grupos: rendición de cuentas, responsabilidad y transparencia, y creen que son las que la institución debiera adaptar para enfrentar los abusos.
Entre los puntos abarcados en la sección de “rendición de cuentas” destacan:
- Remover inmediatamente del sacerdocio a cualquier religioso declarado culpable de abuso sexual a menores, sin importar cuando ocurrió. El que también se aplica para encubridores o facilitadores.
- Prohibir la destrucción de documentos relacionados a abuso sexual y entregarlos a autoridades civiles.
- Anular el documento que castiga a los obispos ‘Come una madre amorevole, el motu proprio’, por ser “demasiado blando”.
En la sección de “responsabilidad”:
- Ofrecer reparaciones a las víctimas y pagarles terapias ilimitadas.
- Requerir que el personal de la iglesia notifique a las autoridades civiles todas las acusaciones conocidas y presuntas de abuso sexual infantil.
- Que la Iglesia deje de hacer presión para evitar reformas legales que le den a las víctimas acceso a las cortes civiles y criminales.
Y en la sección de “transparencia”:
- Publicar un registro global de religiosos que hayan cometido, encubierto o facilitado delitos sexuales contra niños y adultos, los que incluyan tanto a personas vivas como muertas.
- Revelar la ubicación actual de quienes han sido declarados culpables y cómo se les monitorea.
- Crear canales internos confiables para informar denuncias de abuso sexual infantil, las que funcionen de manera paralela a la notificación de autoridades civiles.
Otro de los puntos incluidos en la última sección contempla una petición directa al Papa Francisco, para que entregue a las autoridades civiles y al público los documentos sobre su rol en los casos de abusos sexuales en Italia y Argentina.
