Uruguay acaba de aprobar una legislación pionera en cuanto a los derechos de minorías sexuales en América Latina. Se trata de la Ley ‘Integral para Personas Trans’, que incorpora medidas para asegurar de manera amplia el bienestar de la comunidad transexual, como su identidad legal, su salud física y mental y su inclusión en el mercado laboral.
En un plazo de 90 días, el gobierno implementará un reglamento que promoverá la inserción de las personas trans en el ámbito público y privado.
Con 62 votos a favor en 88 legisladores presentes, Uruguay tiene Ley Integral para Personas Trans.
El primer país del mundo en tener una norma de esta características. pic.twitter.com/HdohNmbUPO— Nicolás Viera (@nicovieradiaz) 19 de octubre de 2018
Más en específico, uno de los cambios será que se les asegurará el uno por ciento de las vacantes de trabajo en la administración pública. Así como también, se otorgará beneficios fiscales a las instituciones privadas que provean empleo a esta comunidad, que en Uruguay figura con una población de 933 personas, según el Primer Censo Nacional de Personas Trans de 2016.
Otras de las novedades de la ley es que se incluirá a las personas trans en los programas de vivienda, y se facilitará inscripción de su identidad de género en los registros públicos, añadiendo al tradicional binomio masculino/femenino las casillas de mujer o varón trans.
Así, una persona podrá cambiar su sexo registral con la sola voluntad individual, a través de un proceso más simple que el que ya estaba vigente: en 30 días se podrá modificar la identidad, conservando el número de cédula.
“A nadie le gusta verse de una forma y llamarse de otra. Nos va a ayudar a todos y todas las trans. El apoyo del Estado es importante”, dijo una trans montevideana de 21 años a The New York Times.
En cuanto a la inclusión educacional, el texto promete garantizar la participación de las personas trans en todos los niveles académicos, lo que irá acompañado de apoyo económico, psicológico y pedagógico.
Por otro lado, en los aspectos de salud, la legislación prohíbe expresamente la atención diferenciada a personas de la comunidad trans, con el fin de terminar sistemáticamente con la discriminación. Asimismo, los médicos tendrán que estar disponibles para practicar cirugías y aplicar tratamientos hormonales. Esto último también deberá estar disponible para menores de edad, al igual que la disposición para cambio registral de identidad, y a diferencia de las cirugías, que serán legales solo para mayores de 18 años.
