El decreto 230 con fecha 2 de marzo reveló que el ex fiscal del Caso Caval, Luis Toledo, no fue el primer candidato para ser notario de San Fernando, sino que el defensor público de O’Higgins, Alberto Ortega, fue designado para el puesto en primera instancia.
Si bien Toledo está calificado para asumir este cargo, lo cierto es que su nombramiento generó polémica tras conocerse la forma en que esta designación fue llevada a cabo, nombramiento que incluían presiones desde La Moneda.
El documento, entregado por fuentes a Bio Bio, confirmaría la intervención en el nombramiento de Toledo, quien ha sido cuestionado por su manejo en la investigación del caso Caval, que evitó la formalización del hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por considerar que no habían antecedente suficientes.
Ante las críticas por al designación de Toledo, el ministro Campos defendió la designación del ex fiscal del Caso Caval, asegurando que “¿A quién podía nombrar en este caso? A una señora de apellido Chadwick, para que digan que me estoy tratando de arreglar con el nuevo ministro del Interior para el evento de que ella sea pariente de él, a un señor de apellido Ortega, que es defensor regional y por ende funcionario de una institución dependiente del ministro de Justicia o a un señor de apellido Toledo, que hace ya bastante tiempo que trabaja en la Fiscalía en Santiago y que hace unos años atrás fue fiscal en Rancagua”.
Debido a esto, la Cámara de Diputados citará al secretario de Estado para explicar los motivos del nombramiento de Toledo. Sin embargo, el ministro podrá ausentarse de esa sesión extraordinaria, aunque desde Chile Vamos advirtieron que en dicho caso iniciarán una acusación constitucional en su contra, la que puede cursarse hasta seis meses después de que deje su cargo.
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FOTO: Agencia Uno.
