Ocho años han pasado desde el segundo terremoto más fuerte en la historia de Chile. Este ocurrió a las las 3:34 de la madrugada del sábado 27 de febrero y tuvo una magnitud de 8,8 ° en la escala Richter.
Este movimiento telúrico y el posterior tsunami dejó 521 víctimas fatales, y cerca de 2 millones de damnificados.
El terremoto a lo largo del país afectó a 233 comunas, dejó 370 mil viviendas afectadas, 133 hospitales y 6.168 establecimientos educacionales dañados, por lo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debió invertir $52.568 millones en reconstrucción.
Respecto de la fallida alerta de Tsunami, que dejó 104 muertos, seis personas fueron imputadas: el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex jefe de turno Johazziel Jamett; el director del SHOA Mariano Rojas; y sus asesores Andrés Enríquez y Mario Andina.
Ninguno de estos responsables fue condenado debido a que la Corte de Apelaciones, en abril del 2016, determinó la suspensión condicional del proceso, por lo que los imputados debieron pagar una indemnización de $235 millones en tres cuotas a los familiares de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010.
Además, en enero de 2017 la Corte de Apelaciones ratificó una condena que obligaba al Estado a pagar $ 1.840 millones a 74 familiares (de 20 víctimas) y a una víctima directa de la alarma fallida de tsunami.
