Un informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema puso en evidencia las precarias condiciones que tiene el sistema de cárceles en Chile.
Ante esto, el ministro de Justicia, Jaime Campos, realizó una declaración pública donde defendió la gestión del Gobierno afirmando que se desarrolló un nuevo reglamento, el que no ha entrado en vigencia dado que la Contraloría no ha realizado lo necesario en torno al decreto que lo establece.
“Nosotros firmamos el decreto supremo que establece el nuevo reglamento penitenciario. Un conjunto de normas al que deben someterse los establecimientos y que regula las actuaciones de los condenados, incorporando la variable del respeto a los Derechos Humanos”, acotó.
Y agregó, “la inmensa mayoría de las observación o reparas planteados por la Corte están resueltas, recogidas o contenidas en este decreto que debió haber entrado el vigencia el 1 de diciembre de 2017, pero que aún no entra por que la Contraloría no ha tomado razón del mismo. Este Ministerio ha cumplido cabalmente en lo que nos correspondía”.
Campos expresó: “Valoramos la información que nos proporciona la Fiscalía Judicial sobre la materia, por supuesto que no podemos dudar ni controvertir lo contenido, pero la verdad es que no nos sorprende para nada el contenido del mismo, es lo mismo que han venido planteando hace 15 años (…) Lo que sí nos llama la atención, y es lo que queríamos connotar, es que hay dos hechos que no han sido informados adecuadamente y que guardan directa relación con la materia”.
De acuerdo a lo expresado por el ministro, el reglamento se firmó el 27 de abril de 2017, ingresó a la Contraloría el 9 de mayo y reingresó el 10 de noviembre.
