El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo, se querelló contra la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipoclar), por montar la acusación que realizaron a la abogada Mónica Palma y a un funcionario de la ANI, quienes supuestamente filtraron información a mapuches que eran objeto de seguimiento policial por “Operación Huracán”.
Por su lado, Arroyo está siendo investigado por el fiscal de Aysén, Carlos Palma Guerra, por el eventual encubrimiento de Palma. La Dipolcar menciona a ambos como pareja pero el fiscal de Temuco lo niega rotundamente.
La querella que presentó Arroyo señala que los antecedentes que Carabineros entregó al fiscal nacional, Jorge Abbott, para vincularlo con el ilícito, son falsos.
“Los autores intelectuales de las falsas y temerarias imputaciones que fueron vertidas en el aludido oficio 202, al parecer persiguen crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual que a la institución a la que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado de las investigaciones que dirijo y, a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas”, dijo Arroyo, en su querella.
A raíz del fracaso que ha significado hasta ahora la denominada “Operación Huracán”, el fiscal de Temuco agregó que “en la búsqueda de un trabajo investigativo de calidad, no he estado dispuesto a aceptar errores y omisiones en el trabajo investigativo; del mismo modo, exijo un apego irrestricto a las normas y garantías legales y constitucionales en cada diligencia”.
