El jefe de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra, solicitó la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento en contra del senador UDI, Iván Moreira Barros, uno de los investigados por presuntos delitos tributarios del caso Penta.
La defensa de Moreira aceptó las condiciones propuestas, las que consisten en la fijación de un domicilio y el pago del monto de $35 millones al fisco.
Esta cifra es la totalidad del monto de las boletas ideológicamente falsas que emitieron los colaboradores del parlamentario.
El 3 de noviembre pasado, la Corte Suprema aprobó el desafuero al senador, quien fue formalizado en 2015, asegurando que “la presencia de antecedentes serios y graves que hacen plausible la configuración del delito atribuido”.
Tras esto, Moreira reiteró que era inocente y emplazó a la fiscalia a demostrar “en un juicio justo y ahora” que no ha existido “una persecución política” en su contra.
