Desde julio del 2016, el fiscal a cargo del caso Sename, Marcos Emilfork, solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) indagar los hechos tras las muertes de 1.313 menores en centros dependientes o colaboradores del servicio durante los últimos diez años.
La Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia (Jenafam) de la PDI, en su primera etapa investigó 258 casos de los que,según el jefe nacional de la institución, el prefecto inspector Richard Borquez, un 70% de ellos corresponderían a responsabilidad de terceros.
“Estamos teniendo un porcentaje de cerca del 70% de que nuestra hipótesis investigativa se podría cumplir”, afirmó Bórquez.
La hipótesis habla “de que en alguna parte existe y hay responsabilidades, tanto profesional como laboral, de terceras personas”.
La PDI señaló que la mayoría de los casos atienden a cuasidelitos, como fue el de Luis Maicol Lara Álvarez, de 4 años, quien falleció en 2013 producto de un incendio. En ese entonces, la fiscalía formalizó a la directora del centro y a la educadora de trato directo a cargo de la víctima por ese ilícito.
“Vemos a través de los procesos investigativos, entrevistas, que hubo negligencia,poco profesionalismo, que existió poca dedicación. La fiscalización también era un instrumento óptimo para haber tratado de detener esto”, afirmó el prefecto.
Segunda etapa
La segunda etapa de la indagación realizada por Fuerza de Tarea, rama de la PDI que investiga la situación del Sename, consiste en agregar otros 258 casos.
La Jenafam ha dispuesto de dos investigadores dedicados exclusivamente para el trabajo en cada región, y a diez efectivos en la RM.
Desde la PDI se señaló que hace falta un protocolo de trabajo a nivel nacional, “un organismo que depende del Gobierno, que depende del cuidado de niños y niñas y adolescentes, debería tener alguna unificación de criterios o alguna matriz en procesos de actuación, procesos de emergencia de crisis, y eso nosotros hemos establecido que no es así en todos lados”, concluyó Bórquez.
