El proyecto de gratuidad en la educación universitaria del gobierno se encuentra en la Comisión de Educación del Senado. Actualmente está abierto un periodo para presentar indicaciones a la nueva normativa que vence a fines de mes, pues para enero se proyecta la discusión en particular.
En ese contexto, el Consejo de Rectores (Cruch) está elaborando una propuesta de cambios al proyecto de reforma. Una de las ideas apunta a que los beneficiados con la gratuidad deberían cumplir un requisito académico.
“En relación a los requisitos de la gratuidad para los estudiantes, se deben establecer exigencias académicas. En consecuencia, un mínimo de 475 puntos PSU, con consideraciones respecto de la región y el tipo de carrera (técnica o profesional)”, señaló en un texto la Cruch al que tuvo acceso La Tercera.
De acuerdo con lo conversado el 11 de diciembre en mesas de trabajo, los rectores que participaron en el análisis del área de financiamiento del proyecto que está en el Congreso consideran, por un lado, que pese a tratarse de un derecho social se debe resguardar el uso de los recursos públicos. Y proponen establecer un piso mínimo de ingreso, dejando fuera de este requisito a los que se matriculan vía Pace y a quienes asisten a CFT e IP.
“Nos parece que un puntaje de 475 para carreras universitarias garantiza de mejor forma la condición de calidad asociada al beneficio (…) Mientras más bajos son los puntajes en la PSU es más probable que los estudiantes no puedan terminar su carrera por razones académicas y eso es malo para ellos, aunque no paguen, y malo para el país”, explicó el rector de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui.
Otro de los puntos que interesa al Cruch es que se pueda evitar que “instituciones de bajo compromiso público puedan expandir matrícula sin restricciones”.
En esa misma línea, el rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, indicó que “mi gran preocupación es que hay universidades que no cuenten con un sistema de admisión y que entren estudiantes de muy bajo puntaje, que después de dos o tres años se retiren por mal rendimiento generando un impacto familiar (…) Hay que evitar que las instituciones que no tienen un requisito de entrada piensen en un ingreso masivo para financiarse con estudiantes que pueden no tener éxito”, indicó.
El documento del Cruch además indica, en materia de financiamiento y de aranceles regulados, que la comisión de expertos va a proponer el cálculo de dichos valores “debe tener un carácter decisorio”.
De acuerdo a lo que explicó Elórtegui, “como está el proyecto hoy, la comisión de expertos no tiene poder de decisión y es más bien consultivo. Las decisiones están en una instancia política como es la Subsecretaría de Educación Superior y no en el organismo técnico correspondiente lo que debería ser modificado”.
