Se trata de Luis Sergio Tralcal Quidel, Hernán Catrilaf Llaupe y Sabino Catrilaf Quidel, quienes permanecieron por un año y siete meses privados de libertad mientras se llevaba a cabo la investigación.
La aboga, Manuela Royo, señaló a Emol que “hemos venido preparando una acción en contra del Estado, principalmente por el actuar negligente del Ministerio Público“.
La demanda considerará “el tiempo que estuvieron en privación de libertad, el daño económico y moral contra mi representado y para sus familias, porque eso es algo de lo cual el Estado tiene que hacerse cargo (…) Salió su cara en todo Chile. Fue tratado como una persona culpable”.
Sobre los montos, la profesional explicó que si bien eso es determinado por los tribunales, incluirá la reparación del lucro cesante, lo que se dejó de ganar y también se evaluará el aspecto psicológico de ellos y sus familias.
Sin embargo, dijo, es necesario esperar que la sentencia “quede afirme y ejecutoriada” para iniciar la persecución por los pagos por parte del Estado.
Al mismo tiempo deben esperar si la Fiscalía Regional de La Araucanía presenta o no un recurso ante la Corte de Apelaciones de Temuco, acción que podría llegar a la Corte Suprema.
Ayer, el tribunal oral en lo penal de Temuco resolvió en forma unánime absolver a los 11 comuneros mapuche que habían sido formalizados como autores del atentado incendiario terrorista que causó la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay en 2013.
A la fecha, sólo ha sido condenado el machi Celestino Córdova, quien purga 18 años de presidio.
