Siete años de cárcel y una multa de $104,8 millones es lo que exige El Consejo de Defensa del Estado (CDE) para el ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, acusado por el Caso Basura por el delito de fraude al Fisco.
El monto equivale al 20% del perjuicio fiscal provocado, supuestamente, por la ex autoridad en el municipio.
El organismo exigió la misma pena para Marcial Araya Hernández, ex director jurídico del municipio y que también fue formalizado por fraude al fisco.
La entidad argumenta que tanto Sabat como Araya hicieron uso de un “subterfugio” para aprobar la licitación a la empresa Demarco, filial de KDM.
Según consignó El Mercurio, pese a que la propuesta de Sabat, de otorgar la licitación a dicha empresa, fue rechazada por el concejo, la negativa no alcanzó los dos tercios como para eliminarla por completo.
Por esto, el CDE establece que ambos “infringieron sus deberes de apego al principio de legalidad, transparencia, rectitud, imparcialidad, ecuanimidad, honestidad, probidad, eficiencia en el uso de los recursos”.
Sin embargo, la defensa de Sabat indica que el acusado no ha cometido el delito de fraude, y que cualquier juicio terminará con absolución.